Inaudito. A menos de dos semanas de que se inicie formalmente la campaña electoral, todavía no sabemos quiénes, finalmente, son los presidenciables.
Este enredo jurídico -sin parangón en la historia reciente- tiene como protagonistas al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), con posiciones contrarias respecto a la calificación de la candidatura presidencial de Álvaro Noboa.
Cuatro de los cinco consejeros del CNE sostienen que la institución ha cumplido con lo dispuesto por el TCE, respecto a habilitar la participación del movimiento Justicia Social, más consideran improcedente la participación de Noboa por no haber cumplido con los plazos y los requisitos de inscripción.
El TCE, por su parte, considera que el CNE ha entrado en un desacato al no haber regresado a cero el proceso de calificación de las candidaturas del movimiento Justicia Social, entre ellas la de Álvaro Noboa.
Ante los ojos de la ciudadanía, este galimatías deja en evidencia la fragilidad institucional de la función electoral y, en general, de nuestro sistema democrático.
De ello se desprende una justificada sensación popular de desconfianza frente al proceso electoral venidero, restando así legitimidad a los candidatos en competencia y, lo que es peor, al resultado final.
Incluso, los aportes interpretativos de analistas políticos, medios de comunicación y juristas -en vez de ayudar a encontrar consensos- han abonado el terreno de la incertidumbre, pues se escuchan criterios de todo tipo sobre lo actuado por cada una de las instituciones.
El actual conflicto de competencias de la función electoral advierte que tenemos una institución bicéfala, con un frágil diseño institucional, que no prevé mecanismos adecuados para resolver oportunamente este tipo de imponderables que, al menos en nuestro país, son frecuentes en cada proceso electoral.
Daron Acemoglu y James Robinson, en su aclamado libro '¿Por qué fracasan los países?', señalan que la prosperidad de un país no se debe al clima, a la geografía o a la cultura. Según estos economistas, lo que tienen en común los países ricos son instituciones que funcionan y reglas justas, predecibles y que se aplican a todos.
La responsabilidad de resolver la disputa de competencias dentro de la función electoral, según parece, recae en la Corte Constitucional.
Pero más allá de superar este escollo, urge una profunda reforma del Código de la Democracia, así como de los demás instrumentos normativos del sistema electoral, que permita fortalecer a todas las instituciones que garantizan la democracia.
Como señalan Acemoglu y Robinson, ese es el punto de partida para el progreso.
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