Conversando sobre un Ecuador post petrolero dos amigos decían: “para transformar los recursos naturales y las capacidades personales en riqueza real se necesita capital y Ecuador no lo tiene”.
Según las cuentas nacionales, para generar un empleo formal en Ecuador se necesitan, en promedio ponderado, alrededor de USD 15.000.
Un empleo en producción, en industria demanda USD 100.000 de capital, en banano USD 40.000, en camarón USD 150.000, en cacao USD 100.000″, etcétera.
La inversión para generar un empleo depende del sector, siendo mayor en industrias extractivas (intensivas en capital) como petróleo y minería, y significativamente menor en servicios. Según el Banco Central, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) o inversión cayó 11,9% en 2020.
Cada año ingresan 150 mil jóvenes a la Población Económicamente Activa (PEA) que, sumados al más de medio millón de empleos perdidos durante la pandemia, implica que para 2025 se requerirán USD 11.500 millones como inversión adicional para recuperar el porcentaje de empleo formal de la PEA de 2019.
Necesitamos mucha inversión tanto pública como privada; por lo que debemos atraer inversión extranjera directa (IED) e incentivar el retorno de capitales del exterior.
En la década comprendida entre 2009 y 2019, Fitch Solutions indica que Chile, Colombia, Brasil y México atrajeron en promedio IED de entre 6% y 2% de sus respectivos PIB; mientras Ecuador promediaba menos del 1%, ¿Por qué esta diferencia?
El rendimiento esperado de una inversión es proporcional a su riesgo. El riesgo país (financiero) es la diferencia entre la curva de rendimiento de los bonos soberanos de Ecuador y los del Tesoro de Estados Unidos.
Recién en diciembre de 2015 por primera vez Ecuador pagó un bono soberano completo, tras una larga historia de no pago (default). Por eso, Ecuador no tiene una calificación de crédito de grado de inversión como Colombia o Perú.
Colombia emite bonos soberanos a 10 años de plazo y con un rendimiento menor al 4% que, lo que para Ecuador sería una tasa de interés de 14%.
El próximo lustro nos tocará pagar entre amortizaciones e intereses de la deuda más de USD 40 mil millones, siendo necesario emitir nuevos bonos para reemplazar a los que vencerán o caer de nuevo en un default.
Para inversiones ‘in situ’ en capital de riesgo en proyectos brownfield (ya existentes) o greenfield (nuevos) se considera el riesgo operacional del país.
El estudio del Economist Intelligence Unit (EIU) titulado Politics, populism, and policy: operational risk in Latin America indica que además del alto riesgo financiero nuestra calificación de riesgo operacional es afectada por la falta de:
- Gobernabilidad.
- Estabilidad política.
- Seguridad (alta criminalidad).
- Seguridad jurídica.
- Estabilidad en políticas de comercio exterior.
¿Qué harán nuestros futuros líderes y la sociedad al respecto?
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