Una de las primeras acciones concretas para mejorar la infraestructura carcelaria es la compra de dos escáneres de carga para dos de las 37 cárceles del país.
Dos escáneres de carga serán instalados en enero de 2022 en dos cárceles de Ecuador para el control de armas, municiones, drogas y objetos no permitidos, por un costo de USD 3 millones cada uno.
“USD 6 millones es una cifra importante, tomando en cuenta que se destinarán USD 75 millones en los próximos cuatro años para la infraestructura de todas las cárceles del país”, dijo Pablo Arosemena, gobernador del Guayas.
Los escáneres de carga son máquinas que, a través de un sistema de rayos X, escanea estructuras y objetos sin necesidad de abrirlos. Es la misma tecnología que existe en los puertos para el control de contenedores.
Uno de los escáneres se instalará en Guayaquil y el otro en una cárcel de la Sierra, confirmó el gobernador.
Hay una particularidad en el complejo penitenciario de Guayaquil, y es que hay cuatro cárceles con entradas distintas.
“Tenemos las cárceles de mínima, mediana y máxima seguridad, y la de mujeres, por eso la idea es generar una suerte de único punto por donde todo debe entrar y salir”, dijo Arosemena.
Ecuador recibe asistencia técnica de Israel y Estados Unidos desde hace un mes, en mesas de trabajo permanente, confirmó el gobernador.
“Es una ayuda más allá de lo penitenciario, viene por el lado de recursos también, por buenas prácticas y para fortalecer la infraestructura de seguridad, por ejemplo, en el control de la ruta hacia los puertos”, dijo Arosemena.
Ausencia de información
El Sistema de Atención de Personas Privadas de Libertad (SNAI), que tiene a su quinto director en siete meses, no ha querido dar información ni declaraciones sobre ninguno de los temas consultados.
“Al parecer el hermetismo es la estrategia que está aplicando el Gobierno a partir de la masacre de noviembre”, analiza Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).
“Por supuesto, hay información sensible que debe ser reservada, pero eso también tiene un costo y es que hay muy poca capacidad de escrutar”, dice Pontón.
Y han sido pocas las acciones concretas visibles, como designar de director del SNAI a un general en servicio activo de la Policía, que es un hecho inédito en el país, y que fue parte de las recomendaciones de las mesas técnicas de cooperación que el país recibe de Colombia.
Sin embargo, Pontón considera que se debe analizar el costo político que implica ese movimiento, “porque la Policía no es una institución que esté preparada para el tema de las cárceles, el Gobierno debería explicar si es una medida de corto, mediano o largo plazo”.
Y justamente una de las instituciones que se debe fortalecer es el SNAI, que tiene en su poder las política carcelaria.
“Pero no se ha dicho nada respecto a ese tema, cómo se va hacer, si va a aumentar el número de efectivos, no ha habido ningún tipo de anuncios importantes al respecto”, agrega.
Tampoco se han mencionado las reformas legales ofrecidas por el presidente Guillermo Lasso o de las negociaciones para pacificar las cárceles.
Lo más preocupante, dice el experto, es que ninguna institución del Estado investigue a fondo qué pasa en las cárceles y que se transmite un mensaje de impunidad.
“Se han pasado por alto los llamados de atención de la Corte Constitucional desde el Gobierno anterior. Aquí está muriendo gente y hay un Estado que omite acciones”, dice Pontón.
La Asamblea Nacional es la llamada a fiscalizar a los funcionarios. En octubre realizaron un informe donde concluyen cuáles son las omisiones de las diferentes instituciones involucradas, pero nada más ha sucedido al respecto.
La crisis carcelaria no está resuelta, las autoridades no confirman si tienen el control de la Penitenciaría o si es el Estado el que tiene las llaves de las celdas y no los presos.
Si bien se mantienen en campamentos dentro de la cárcel de Guayaquil, con 1.000 efectivos policiales y militares, “cuando el Estado se relaje puede explotar un nuevo episodio de violencia porque es difícil sostener eso a largo plazo”, dice Pontón.
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