La entidad determinó indicios de responsabilidad penal tras investigar gastos y contrataciones derivados de seis declaratorias de emergencia decretadas entre 2013 y 2017.
La Contraloría emitió un nuevo informe con indicios de responsabilidad penal por la gestión del expresidente Rafael Correa. Esta vez tras investigar seis procesos de declaración de emergencia, durante el período 2013-2017.
La entidad descubrió que, en algunos casos, las emergencias fueron declaradas en todo el territorio nacional, cuando no era necesario porque afectaban zonas específicas. Y, además, estas sirvieron para iniciar procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías eludiendo los procedimientos de contratación pública.
El caso ya fue enviado a la Fiscalía General del Estado:
Por ejemplo, con el Decreto 755, del 15 de agosto de 2015, Correa declaró la emergencia en todo el territorio nacional “para enfrentar el proceso eruptivo del Volcán Cotopaxi”. Esa medida fue dictada para durar “todo el tiempo que sea necesario”.
Otro proceso que está en la mira de la Contraloría es el de la emergencia del Decreto 1001, del 16 de junio de 2016, tras el terremoto de abril. Con este se decretó el estado de excepción, inicialmente por 60 días, en Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo, Los Ríos y Guayas.
- Bajo estas medidas se utilizaron recursos del Estado para que el Ministerio de Agricultura adquiera 188.750 fundas de leche en polvo por USD 528.000, pese a que el Ministerio de Salud solicitó detener las donaciones de este producto debido a la ausencia de agua limpia para la mezcla.
- Además, tampoco hubo una coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica para que los insumos lleguen a los damnificados, lo que ocasionó que Agricultura efectúe contrataciones que no aportaron a la emergencia.
- El Ministerio de Vivienda contrató consultorías geotécnicas para la evaluación de lotes en Manabí, que nunca fueron utilizadas. Esto a un costo de USD 384.325.
- El Ministerio de Turismo contrató una consultoría para desarrollar un modelo de gestión para dar soluciones de alojamiento temporal a los prestadores de servicios turísticos afectados por el terremoto. Los productos entregados no cumplieron con lo solicitado y no fueron tomados en cuenta. El perjuicio fue de USD 227.771.
- El MSP adquirió ayudas técnicas para tratamiento médico de emergencia y no consideró la oferta de menor valor, pagando USD 89.830 en exceso.
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