Fiscalía apelará sentencia favorable a implicado en caso Actemra

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Autor:

Carolina Mella

Actualizada:

6 Jul 2021 - 0:04

Abraham Muñoz (tercero desde la izquierda) fue detenido en Guayaquil, la noche del 12 de julio. - Foto: Policía

Fiscalía apelará sentencia favorable a implicado en caso Actemra

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Carolina Mella

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6 Jul 2021 - 0:04

El Tribunal de Garantías Penales sentenció a cuatro de los cinco procesados por la venta irregular del medicamento Actemra, que se vendía en redes sociales hasta en USD 2.000.

La Fiscalía obtuvo el 3 de julio de 2021 su primera sentencia condenatoria por delincuencia organizada contra cuatro implicados en la venta ilegal de Actemra durante la pandemia de Covid-19, en Guayaquil.

Los sentenciados son el entrenador Abraham Muñoz, Noé Salcedo y los exfuncionarios del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil, Víctor Chele y Francisco San Jiménez.

Sin embargo, los magistrados ratificaron la inocencia de Erick P., funcionario de farmacia del hospital, al no encontrar su participación ni responsabilidad penal en el hecho investigado, resolución que será apelada por la Fiscalía.

La venta por redes sociales

Entre marzo y mayo de 2020, los médicos determinaron que un tratamiento para la artritis reumatoide, llamado Actemra, ayudaba a pacientes en cuidados intensivos por Covid-19.  

Es un medicamento que debe estar guardado a -8 grados centígrados para preservar su estado. En las bodegas de los hospitales públicos permanecen refrigerados con candado porque, además, su precio es oneroso.

El año pasado, los muertos se contaban por cientos en Guayaquil entre abril y mayo, y el tratamiento que podría salvar vidas ya no se encontraba en los hospitales, sino en las redes sociales.

El vendedor era Abraham Muñoz, un entrenador de gimnasio que fue reconocido por sus compradores, cuando se hizo público su nombre y foto en una credencial que Daniel Salcedo usó para salir del país en una avioneta privada que se estrelló en Perú.

Muñoz vendía la Actemra hasta tres veces más caro que el valor comercial, aprovechándose de la desesperación de la gente que llegaba a pagar hasta USD 2.000, cuando su costo bordeaba los USD 400.

En realidad, la Actemra que vendía Abraham Muñoz por Whatsapp había salido del hospital Guasmo Sur, del Ministerio de Salud.

Abraham Muñoz promocionaba en redes sociales el fármaco Actemra sin cumplir la cadena de frío que este medicamento requiere. 13 de julio de 2020

Abraham Muñoz promocionaba en redes sociales el fármaco Actemra sin cumplir la cadena de frío que este medicamento requiere. 13 de julio de 2020 PRIMICIAS

Así se estructuró uno de los 160 casos de corrupción ocurridos durante la pandemia y que investiga la Fuerza de Tarea de Fiscalía, que ya sentenció a los primeros cuatro culpables por crimen organizado.

Los jueces del Tribunal de Garantías Penales, Smirnova Calderón, Nebel Viera y Rocío Álvarez, acogieron en parte las pruebas presentadas por Fiscalía y emitieron sentencia condenatoria de ocho años de prisión contra Muñoz y de siete años para Noé Salcedo.

Los dos deberán pagar una multa de veinte salarios básicos unificados (8.000 dólares) y como reparación integral se dispuso la devolución de la medicina incautada y ofrecer disculpas públicas a través de medios de comunicación.

Mientras que Víctor Chele, subdirector del Área de Medicamentos, y Francisco San Jiménez, asistente de bodega del hospital Guasmo Sur, fueron sentenciados a cinco años de cárcel.

La hipótesis de la Fiscalía

La hipótesis presentada en el juicio fue que “entre marzo y abril de 2020 existió una agrupación delictiva que se dedicaba a la venta de medicinas necesarias para el tratamiento contra el Covid-19”, explica el fiscal César Suárez, quien investigó el caso.

“La estructura criminal estaba liderada por Abraham Muñoz y Noé Salcedo” y contaba con la colaboración de los funcionarios del hospital Guasmo Sur.

El método que usaron fue que, a través de Whatsapp, Abraham Muñoz pidió recetas médicas de Actemra de otros hospitales. Con esa receta, a través de los funcionarios del Guasmo Sur, ingresaron la solicitud de “préstamo”.

“La figura de préstamo es permitida en los reglamentos del Ministerio de Salud”, explica Suárez, “pero se lo hace de manera institucional”. Es decir, de hospital a hospital.

Pero para ejecutar el préstamo, se debe tener la autorización del director provincial de Salud y de la máxima autoridad del hospital. El trámite debe realizarse a través del sistema Quipux, que manejan las instituciones públicas.

Pero eso no ocurrió. Todo se hizo a través de llamadas telefónicas. 

“Francisco San Jiménez llamó a Víctor Chele a decirle que necesitaba el medicamento Actemra para un familiar con Covid-19 y que en las siguientes horas iba a ir un familiar a retirarlo”, dice Suárez, quien llegó a esa conclusión por las pericias telefónicas que se hicieron de los involucrados.

Según Suárez, Chele llamó a contarle sobre esto al exgerente del hospital Guasmo Sur, Álvaro P., y preguntarle si procedía o no con la entrega del medicamento. Él confirmó que sí.

Sin embargo, el exgerente no llegó a juicio. Fue sobreseído por la jueza en la audiencia preparatoria. La medida fue apelada por Fiscalía y el martes 6 de julio se decidirá en segunda instancia si es vinculado al proceso.

Abraham Muñoz fue a retirar el medicamento a la bodega del Guasmo Sur sin ningún documento de respaldo, ni siquiera entregó una identificación que lo acreditara como trabajador del hospital privado a donde supuestamente iba la Actemra en calidad de “préstamo”.

Quien le entregó el medicamento fue Erik P., a quien el tribunal sobreseyó de responsabilidad. La defensa aduce que Erik P. ese día reemplazaba al encargado de la bodega y que no conocía de los procedimientos.

El fiscal Suárez dice que apelará la resolución una vez que se emita su sentencia por escrito. Mientras tanto, Erik P., quien se encuentra detenido, saldría en libertad de forma inmediata.

En el juicio, Abraham Muñoz admitió su culpabilidad y explicó cómo estructuró el delito.

Francisco San Jiménez enfrenta otro proceso por peculado cuando fue funcionario en el Hospital del IESS, Teodoro Maldonado Carbo. Y aunque había sido detenido dentro de las investigaciones, la medida fue cambiada por arresto domiciliario.

Fueron 11 días de audiencia, 40 testigos, 30 pruebas documentales y cinco personas procesadas, aunque solo cuatro recibieron sentencia.

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