El presidente de la República Lenín Moreno tiene planeado anunciar hoy, 1 de octubre de 2019, las reformas económicas que enviará a la Asamblea para hacer frente a la crisis fiscal.
Dos reformas clave para la economía ecuatoriana, la tributaria y la laboral serán enviadas a la Asamblea por parte del Ejecutivo, tras la reunión de gabinete ayer en el Palacio de Carondelet, que fue encabezada por el presidente Lenín Moreno.
En la Asamblea el gobierno necesitará 70 votos, de los 137 posibles, para que las reformas sean aprobadas.
El bloque de Alianza PAIS por sí solo cuenta con alrededor de 40 asambleístas, por lo que necesitaría de otros 30 votos. Y conseguirlos no será fácil. Nada está garantizado.
Pero si alguna de las reformas entra con la etiqueta de económico urgente, esto obliga al Legislativo a tramitar el proyecto en un plazo máximo de 30 días.
En caso contrario se aplica la figura de Ministerio de la Ley, es decir, el presidente Lenín Moreno podrá promulgar la reforma como decreto ley y hacer que entre en vigencia.
Posibles medidas
En cuanto a las medidas, en el gabinete presidencial del lunes, se discutieron varias opciones, si subir el Impuesto al Valor Agregado o IVA o si focalizar el subsidio al diésel, además de salidas para recortar el gasto en salarios de los empleados públicos sin acudir a la fórmula de los despidos masivos.
Las opciones que tiene Ecuador para reducir el déficit fiscal, bajar el endeudamiento público y flexibilizar las condiciones del mercado laboral son pocas.
En el acuerdo que Ecuador firmó con el Fondo Monetario Internacional, en marzo, el país se comprometió, por ejemplo, a realizar una reforma tributaria que permita aumentar la recaudación en un nivel equivalente a entre 1,5% a 2% el Producto Interno Bruto (PIB) en 2021.
En ese sentido, varios sectores han hablado de un posible aumento de 2 a 3 puntos porcentuales del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Es decir, este impuesto pasaría del 12% al 14% ó 15%.
Otra de las opciones que se barajan está una reducción en los subsidios a los combustibles, especialmente al diésel. Este combustible representa el 42% del consumo energético nacional, según el último balance de energía. Le siguen las gasolinas, con 39% y el GLP, con el 12% del pastel.
El gobierno también busca disminuir el gasto corriente, especialmente el gasto en salarios de la burocracia pero sin recurrir a medidas duras, como despidos masivos en el sector público.
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