La instrucción fiscal se extenderá por 30 días. Algunos de los vinculados por presunto peculado se encuentran fuera del país.
La jueza Yadira Proaño vinculó a la instrucción fiscal que investiga un presunto peculado en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) a seis personas, algunas de las cuales se encuentran fuera del país.
Isspol busca recuperar USD 891 millones invertidos en recursos destinados a operaciones que “representaban perjuicios millonarios para el Instituto y ponían en riesgo la liquidez de los fondos que administra”.
Las personas vinculadas son:
- Jorge Chérrez Miño, intermediario financiero, que participó en la negociación de más de USD 653 millones que siguen sin recuperarse.
- Rafael Núques, exdirector económico del Isspol.
- Luis Domínguez Viteri, gerente de Ventura Casa de Valores, que hizo negocios con el Isspol.
- Luis Álvarez Villamar, exgerente operativo del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale).
Como medida cautelar, la jueza dispuso prohibición de salida del país, presentación los lunes y viernes ante el fiscal a partir de esta semana y uso de dispositivo electrónico.
Otros vinculados son:
- Carlos Carbo Cox, exgerente de Decevale, a quien se le prohíbe salir del país.
- Jhon Luzuriaga Aguinaga, exdirector de Riesgos del Seguro Social de la Policía Nacional, quien se encuentra en Estados Unidos.
En la decisión, la jueza prohibió enajenar los bienes a todos los procesados, los que se suman David Proaño Silva, Enrique Espinosa de los Monteros, Alfredo Valverde Moreno y Santiago Duarte Tapia, ex funcionarios del Isspol.
Sobre estos últimos, el director General del Isspol, Renato González, presentó acusación particular el pasado 22 de junio, mientras que los miembros del Consejo de Generales de la Policía lo hicieron el 25 de junio.
La instrucción fiscal se extiende hasta el 7 de octubre de 2021, tiempo en el cual los acusadores particulares deben presentar una ampliación de sus argumentos.
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