Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte son los dos últimos exfuncionarios públicos que entran a la lista de sospechosos por presunta corrupción. ¿Su delito? concusión. Las investigaciones en la Función Judicial por posibles casos que perjudican al Estado giran alrededor de, al menos, 10 delitos. Los implicados son o fueron cercanos al correísmo.
Buena parte del archivo de la Fiscalía General, en los últimos meses, tiene relación con investigaciones por posibles casos de corrupción en los que habría existido un perjuicio al Estado.
Los contratos en el ministerio del Deporte fueron el inicio. Las irregularidades en Petroecuador, sobre todo para la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas llevaron a prisión a varios altos cargos. Siguieron los negocios vinculados con la constructora brasileña, Odebrecht. En la lista también hay posibles casos de corrupción en el IESS y en la Asamblea Nacional.
PRIMICIAS hace un repaso por los 10 delitos por lo que se investiga a funcionarios y exfuncionarios estatales.
Presidencia de la República
Secuestro / Plagio
Pena: prisión de cinco a siete años.
En el caso denunciado por el activista Fernando Balda, el principal implicado en las investigaciones es el expresidente Rafael Correa.
¿El delito? Según el Código Penal, la persona que prive de la
libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a lugar distinto
a una o más personas, en contra de su voluntad, será
sancionada con prisión de cinco a siete años.
Varias instituciones
Peculado
Pena: prisión de 10 a 13 años.
Es uno de los delitos más “populares”: la Fiscalía investiga posibles casos relacionados con esta conducta penal en la desaparecida Secretaría de Inteligencia, en la Secretaría del Agua, en la Secretaría de Comunicación, en el IESS y en el sector petrolero.
El acusado más famoso: Fernando Alvado, exsecretario de Comunicación. Él huyó del país después de romper el brazalete electrónico que llevaba.
Alianza PAIS
Concusión
Pena: prisión de 3 a 5 años
Es el último escándalo: funcionarios del Gobierno anterior habrían gestionado dinero para financiar Alianza PAIS. Alexis Mera y María de los Ángeles fueron capturados por este posible delito.
Este delito se configura cuando una persona abusando de su cargo ordena o exige la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas. Por eso, los casos de ‘diezmos’ en la Asamblea también se investigan bajo esa etiqueta.
Varias instituciones
Enriquecimiento ilícito
Pena: prisión de 7 a 10 años
El delito es cuando un funcionario público obtuvo un incremento patrimonial, producto de su cargo o función, superior a 400 salarios básicos unificados.
Los procesados por este delitos van desde Pedro Delgado, primo del expresidente Correa y alto cargo del Banco Central. También es un delito que se achaca al gerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, e incluso a una exasesora de la Asamblea.
IESS
Tráfico de influencias
Pena: prisión de 3 a 5 años
Raúl Carrión, exministro de Deporte, fue el primer procesado por un caso de corrupción en el anterior Gobierno. Él se volvió famoso después de haberse comido uno de los cheques que, supuestamente, era prueba en su contra.
Por este delito, que sanciona a quien ejerza influencia para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses, también se investiga a Pareja Yannuzzelli y al expresidente del Seguro, Ramiro González, detenido en Perú.
Petroecuador
Cohecho
Pena: prisión de 1 a 3 años
El delito persigue a quien reciban o acepten, por sí
o por interpuesta persona, algún beneficio indebido.
Y es otra de las conductas “populares” que se investiga en la administración pasada. En la lista están, otra vez, los vinculados en la adjudicación de contratos irregulares de Petroecuador: Pareja Yannuzzelli y Álex Bravo. Pero también entraron en la lista en la última semana la exsecretaria de Rafael Correa: Pamela Martínez y su asistente Laura Terán.
Odebrecht
Asociación ilícita
Pena: prisión de 1 a 3 años
Jorge Glas, exvicepresidente de la República, es el detenido de más alto perfil por los casos de corrupción vinculados a los sobornos que habría entregado la firma brasileña Odebrecht a cambio de contratos en los sectores estratégicos. Él mantiene la defensa de su inocencia, además fue juzgado con la normativa anterior, por lo que fue sentenciado a seis años.
La normativa vigente dice que este delito es cuando dos o más personas se asocian para cometer delitos. En realidad, incluso en el caso de Glas este proceso debía dar paso a la investigación de otros posibles delitos relacionados.
Seguro Social
Lavado de activos
Pena: hasta 10 a 13 años de prisión
Iván Espinel hizo su campaña presidencial promoviendo fuertes sanciones para los funcionarios acusados de corrupción. El miércoles 29 de mayo, el Tribunal Penal de Durán lo sentenció a 10 años de cárcel. La justicia consideró que se benefició con activos de origen ilícito por un valor de USD 267.562,88.
Otros investigados por este delito fueron, por ejemplo, el exministro de Energía, Alecksey Mosquera, y el empresario de telecomunicaciones, Tomislac Topic.
Supercom
Falsificación y uso de documento falso
Pena: 5 a 7 años de prisión
Carlos Ochoa, ahora prófugo en Bolivia, enfrenta un proceso por la supuesta alteración de la Ley de Comunicación en ejemplares que fueron impresos por su administración. Con esa norma, se presume que fueron juzgados algunos medios de comunicación.
Este delito, según el Código, se atribuye a la persona que falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, privados, entre otros.
Correísmo
Instigación
Pena: 6 meses a 2 años de prisión
El delito se comete cuando la persona que públicamente instigue a cometer un delito contra una persona o institución y no pueda ser considerada legalmente como copartícipe, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.
Ricardo Patiño, alto dirigente del correísmo y prófugo en México, fue acusado porque -durante una asamblea de Latacunga- pronunció un discurso en el que instigaba a la gente a tomarse instituciones públicas y a cerrar vías.
Hay 345 expedientes en carpeta
En el informe de Rendición de Cuentas de la Fiscalía, de febrero de 2019, se informó que la Fiscalía ha recibido 345 informes con indicios de responsabilidad penal desde la Contraloría. Esos documentos son pistas para la posible apertura de casos en el sistema judicial.
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