20 casos ecuatorianos llegaron a la Corte IDH, en 15 años

A finales de octubre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió remitir el caso 'Palacio Urrutia y otros Vs. Ecuador' a la Corte IDH.

En la práctica, esto implica que Ecuador incumplió las recomendaciones emitidas por la Comisión y, ahora, la Corte se encargará de juzgar las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado en contra de las posibles víctimas.

Este caso se refiere a Carlos, César y Nicolás Pérez, y a Emilio Palacio, todos exdirectivos de diario El Universo. Ellos argumentan que Ecuador violó sus derechos a la libertad personal, las garantías procesales, la libertad de pensamiento y expresión y a la propiedad privada.

En 2011, el diario guayaquileño publicó el artículo de opinión No más mentiras, escrito por Palacio, sobre la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.

A raíz del artículo, el expresidente Rafael Correa demandó a los directivos del medio y al articulista por supuestas injurias. La justicia ecuatoriana, en dos instancias, falló a favor de Correa y condenó a los cuatro procesados a tres años de prisión y el pago de USD 40 millones como indemnización.

Aunque, Correa optó por la remisión y 'perdonó' a los sentenciados, quienes ya habían salido del país para evitar la persecución y la cárcel.

Pocos casos políticos

El caso de Diario El Universo es el segundo proceso ecuatoriano con tinte político que llega a la Corte IDH, desde 2006.

Desde ese año, la Corte Interamericana ha conocido 20 casos ecuatorianos. 14 ya tienen sentencia. De estos, 13 declararon la responsabilidad del Estado y en uno lo liberaron de la culpa.

De los seis que todavía están en trámite, hay uno en el que Ecuador aceptó parte de la responsabilidad antes de la sentencia. Se trata del proceso por la violación y suicidio de Paola Guzmán.

Entre los que están pendientes de resolución se encuentran los dos con 'tinte político'. El uno es el de El Universo. Y el otro tiene que ver con la desaparición de César Garzón en 1990, quien estaba involucrado con los grupos subversivos Alfaro Vive Carajo y Montoneras Patria Libre.

A continuación, PRIMICIAS le presenta una síntesis de los 20 casos ecuatorianos que llegaron a la Corte IDH:

Los casos tardan

La CIDH hizo públicos los datos de las causas por país entre 2006 y 2018. En ese lapso, el organismo recibió 1.018 peticiones de investigaciones sobre posibles violaciones de derechos humanos en Ecuador.

De estas peticiones, solo 114 fueron abiertas a trámite. Esto que decir que fueron sometidas a análisis de la Comisión. En este punto hay varias opciones, como soluciones amistosas, archivo, otorgamiento de medidas cautelares o envío a la Corte IDH.

20 casos fueron enviados a la Corte.

Pero, más allá del bajo nivel de casos enviados a la Corte, otro factor a considerar es el tiempo que puede tomar para que un caso obtenga una sentencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Entre los 14 casos ecuatorianos que han sido resueltos entre 2006 y 2020, hay algunos que tomaron hasta 24 años desde que la causa fue presentada inicialmente ante la Comisión. En promedio, el proceso dura 14 años.

Casos pendientes

Hay varios casos que están en análisis de la Comisión Interamericana y que, eventualmente, podrían llegar a la Corte.

Entre los más sonados está el secuestro y posterior asesinato en cautiverio del equipo periodístico de Diario El Comercio, a manos de un grupo disidente de las FARC en la frontera entre Colombia y Ecuador.

También hay otros con tinte político. Por ejemplo, en 2019, la Comisión otorgó medidas cautelares a favor del exvicepresidente Jorge Glas, la prefecta Paola Pabón y el exasambleísta Virgilio Hernández, figuras políticas del correísmo. Sus abogados defensores denuncian violaciones en sus detenciones.

Todos los casos, en un futuro podrían terminar en sentencias internacionales contra Ecuador. En la mayoría de casos estas significan también el pago de indemnizaciones por parte del país a los afectados.

En esos procesos, la Procuraduría General, en representación del país, podría seguir juicios de repetición en contra de los funcionarios que fueron responsables directos de las violaciones de derechos humanos, de manera que se recuperen las indemnizaciones pagadas.

Sin embargo, el proceso es largo y poco efectivo. Una de las principales razones es que en el país no existe un marco legal específico para instrumentalizar las repeticiones.

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