Pese a las críticas del gobierno de Rafael Correa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el organismo ha alertado de más riesgos de violaciones a los derechos durante la administración de Lenín Moreno.
En los dos años y siete meses que el presidente Lenín Moreno lleva en el poder, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido cinco medidas cautelares sobre Ecuador.
Esto significa que la Comisión ha identificado posibles daños graves e irreparables a personas que enfrentan situaciones de riesgo.
En los 10 años y cuatro meses que Rafael Correa estuvo en el poder, el organismo emitió el mismo número de medidas cautelares.
En promedio, en el Gobierno de Correa la CIDH otorgó 0,48 medidas por año. Mientras que en el de Moreno la cifra subió a 1,93. Es decir, un 302% más.
Los casos
En la administración de Correa, dos de los cinco casos se referían a temas políticos. En 2011 y 2014, la CIDH pidió a Ecuador dejar sin efecto las sentencias en dos procesos penales internos.
Primero, en la sentencia contra diario El Universo en cabeza del columnista Emilio Palacio y sus directivos, Carlos Pérez Lapentti, Carlos Pérez Barriga y César Pérez.
La segunda ocasión fue en el fallo contra el activista Fernando Villavicencio, el exasambleísta Cléver Jiménez y el entonces secretario de la Federación Médica, Carlos Figueroa.
Otro caso hacía referencia a una familia que vivía en la frontera y recibió amenazas. El cuarto tuvo que ver con un conflicto interno de la comunidad indígena Waorani. El quinto caso, de la época de Correa, es reservado.
En el gobierno de Moreno, en cambio, solo en 2018 llegaron tres medidas cautelares.
La primera fue para que el Estado protegiera la vida del equipo periodístico de El Comercio, que había sido secuestrado en la población ecuatoriana de Mataje por un frente disidente del proceso de paz en Colombia.
Tras el asesinato en cautiverio de los colaboradores de El Comercio, la CIDH solicitó la implementación de un Equipo de Seguimiento Especial para investigar el crimen.
Ese mismo año pidió preservar la seguridad de Yaku Pérez, actual prefecto de Azuay, por amenazas en su contra por parte de grupos prominería.
Y en 2019, la CIDH entró en temas políticos. El organismo solicitó al Estado precautelar la vida e integridad de Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González, en un caso; y del exvicepresidente Jorge Glas, en otro caso. Todos los mencionados son cuadros políticos del correísmo.
Además, en febrero de 2018, la CIDH elevó un caso ecuatoriano a la Corte IDH. Se trató de un pedido del correísmo para suspender la aplicación de la pregunta 3 de la consulta popular -convocada por Lenín Moreno- y con la que se creó el Consejo de Participación Transitorio.
¿Qué cambió?
En el tema político, el tono del Gobierno ecuatoriano cambió.
Por un lado, Rafael Correa era muy crítico de la CIDH y del sistema interamericano representado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Incluso, en 2012 Correa propuso la creación de un nuevo organismo de defensa de derechos humanos pero adscrito a la Unasur.
Pero Moreno llegó al poder con un discurso de respeto a las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos, pero esto ha ido cambiando a medida que las decisiones de la CIDH han sido contrarias a las posiciones de su Gobierno.
El primer encontrón fue a propósito de la consulta popular. Moreno dijo: “así como Ecuador es respetuoso de los organismos internacionales, también hará respetar el mandato popular”.
El segundo roce fue cuando el equipo de seguimiento del caso El Comercio dio a conocer su informe, que dice que la descoordinación de los militares ecuatorianos desencadenó la ejecución de los periodistas secuestrados.
Juan Pablo Morales, subsecretario de Derechos Humanos, criticó las facultades que el equipo conformado por la CIDH se había tomado, ya éste último sugirió que debía haber reparaciones para las familias de las víctimas.
Finalmente, con las medidas cautelares para Glas, Cecilia Chacón, titular de Derechos Humanos del Gobierno ecuatoriano, ha dicho categóricamente que la CIDH excedió sus funciones, pues Glas es una persona sentenciada por el delito de asociación ilícita en el Caso Odebrecht.
Ecuador no aporta
En los dos años completos que Moreno ha gobernado (2018 y 2019), Ecuador no ha dado aportes económicos para la CIDH.
Este organismo tiene dos vías de financiamiento. Primero, los aportes obligatorios de los países que pertenecen a la OEA, como Ecuador. De este monto, el 6% es para la CIDH.
La segunda vía de financiamiento son los aportes voluntarios. Estados Unidos, México y Argentina, durante el gobierno de Macri, son los países que más dinero donaron y permitieron a la CIDH superar una grave crisis económica.
Ecuador, por su parte, no ha aportado desde 2011, cuando la administración de Correa entregó USD 1.500 adicionales a la cuota obligatoria para la OEA.
En los dos últimos años, por decisión de la Asamblea de la OEA de 2017, los países decidieron incrementar gradualmente hasta 2020 los aportes obligatorios para la financiar a la CIDH.
Por esta razón, el aporte de Ecuador pasó de USD 274.800 anuales a USD 343.100, entre 2017 y 2018, según los últimos datos oficiales disponibles.
Correísmo aplaude
Las últimas decisiones de la CIDH, que alertan sobre posibles violaciones de derechos humanos en el Gobierno de Moreno, han causado euforia en el correísmo, que se declara víctima de persecución política.
Los correístas incluso han retrocedido en las críticas que antes hicieron a la CIDH.
La prefecta de Pichincha y líder correísta, Paola Pabón, una vez liberada de prisión con el argumento de las medidas cautelares, reconoció que fue un error criticar a la CIDH en el pasado.
Además, el correísmo argumenta que la persecución y las violaciones en Ecuador llegan a tal magnitud que la propia CIDH que fue denostada por Correa ha fallado a su favor.
María Dolores Miño, abogada y exfuncionaria de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, explica que, cuando ingresa una solicitud de medidas cautelares al organismo, primero es analizada por un abogado especialista.
Luego por un grupo de abogados y, finalmente, por la Comisión, es decir, la solicitud pasa por varios filtros.
Para otorgar medidas cautelares, dice Miño, debe determinarse la existencia de una situación de extrema gravedad y urgencia.
“No creo que el nivel de discurso de un presidente influya, ni que se pueda sugerir que la solución sea asumir una postura hostil hacia la CIDH”.
María Dolores Miño, abogada
Miño critica que el Gobierno actual adopte posiciones hacia la Comisión que eran propias del correísmo, cuando son las actuaciones de la administración de Moreno las que han originado la expedición de medidas cautelares.
Por ejemplo, destacó que, en la reciente visita de la CIDH al país, los policías que custodiaban a Paola Pabón fueron hostiles hasta con el personal de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, lo que ha causado una mala imagen al país.
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