El 56% de la "estructura criminal" de Sobornos quedó fuera del juicio

Según la pericia que levantó el perfil criminal del caso Sobornos 2012-2016, 48 personas formaron parte de la estructura dedicada al cobro de coimas a cambio de contratos con el Estado, para financiar al movimiento Alianza PAIS.

La perito Alexandra Mantilla fue la encargada de elaborar la pericia. En el juicio del caso, presentó una estructura que trabajó en cinco niveles.

• Nivel 1: Líderes y mentores.
• Nivel 2: Autoridades gestoras.
• Nivel 3: Beneficiarios.
• Nivel 4: Mensajeros.
• Nivel 5: Sistematización y reporte.

La estructura descifrada por Mantilla se compone de 48 nombres. Es similar a la que presentó Laura Terán, exasistente de Pamela Martínez, en su testimonio anticipado. Pero Mantilla detalló los niveles en los que trabajó esa estructura criminal:

A raíz de la revelación de la estructura, los procesados han cuestionado a la Fiscalía por qué no todos los nombres que aparecen en la supuesta estructura están en el juicio.

De los 48 nombrados, solo 21 fueron acusados y llevados a juicio. Es decir, 27 (el 56%) recibieron la ratificación de su inocencia incluso antes del juzgamiento.

María Augusta Enríquez, exasesora de Vinicio Alvarado; y los empresarios José Verdú y Cai Runguo fueron acusados por la Fiscalía pero Daniella Camacho, jueza que estuvo a cargo de la etapa intermedia, los sobreseyó.

Los otros 24, en cambio, si bien en algunos casos fueron llamados a declarar libre y voluntariamente en la instrucción fiscal, no fueron acusados ni serán juzgados.

En este grupo resalta Olga Muentes, quien era la mano derecha del exvicepresidente Jorge Glas.

Así como Paulina Proaño y Rolando Carrera, quienes manejaban las cuentas de Alianza PAIS. Según los archivos del caso, recibieron altas sumas de dinero provenientes de la red de sobornos.

Tampoco fue acusada la constructora brasileña Odebrecht.

En la resolución del llamado a juicio, la jueza Camacho llamó la atención de la Fiscalía por la ausencia de varios nombres que figuran en la estructura y en el expediente del caso.

Sin embargo, la fiscal Diana Salazar aclaró que ya están en abiertas varias indagaciones previas por este proceso. Por ejemplo, en febrero se empezó a investigar otro caso que involucra a José Verdú, uno de los sobreseídos.

¿Cómo se armó la estructura?

Mantilla fue asignada al caso Sobornos a través de un sorteo. Realizó una investigación de perfilación criminal con base en tres ramas de la criminología: criminología corporativa, criminogénesis y motivaciones criminales.

A través del método deductivo, empezó su trabajo determinando las probables escenas del crimen. Encontró una escena primaria y tres secundarias:

• Primaria: Palacio de Carondelet, ya que las órdenes para el funcionamiento de la estructura salían desde la Presidencia de la República.
• Secundaria 1: Edificio La Unión, ya que en estas instalaciones estaba la oficina de Pamela Martínez, desde donde se empezó a sistematizar y a reportar la red de sobornos.
• Secundaria 2: Edificio Concorde, ya que en este lugar se instaló una oficina paralela a la Presidencia de la República para la recepción y repartición de los sobornos.
• Secundaria 3: Colegio de Abogados del Guayas, ya que desde este lugar se repartía el dinero que llegaba a Guayaquil.

Una vez establecidas las escenas del crimen, Mantilla estudió las libretas con anotaciones de Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa, donde se resumieron los movimientos de la estructura de sobornos.

Entre los hallazgos de la revisión de estos documentos, la perito estableció que Martínez tenía la costumbre de anotar todo debido a su mala memoria. En las libretas no se encontraron únicamente los datos de los sobornos sino también de sus gastos personales.

Con base en estos apuntes logró reconfirmar la existencia de una estructura criminal, ya que está tenía un modo de operar con jerarquías, códigos, seudónimos, jerga criminal, entre otras cosas.

Finalmente, Mantilla entrevistó a los procesados. Aunque intentó conversar con los 21, solo accedieron cinco: Pamela Martínez, Laura Terán, María de los Ángeles Duarte, exministra de Obras Públicas; Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia; y el exlegislador Christian Viteri.

También visitó al exvicepresidente Jorge Glas en la cárcel de Latacunga. Pero no accedió a la entrevista. Aseguró que en ese momento no tenía dinero y había dejado de pagar durante tres meses a sus abogados, por lo que no participaría de ninguna diligencia del caso.

Pericia polémica

La pericia de Alexandra Mantilla causó revuelo. El mismo día que la experta expuso su trabajo en el juicio, Alembert Vera, abogado de Walter Solís, pidió que la arresten.

El defensor la acusó de perjurio por determinar la existencia de una estructura criminal, cuando todavía no hay una sentencia en firme. Los jueces descartaron esa solicitud.

Desde el 19 de febrero, día que Mantilla participó en el juicio, las reacciones por la pericia han ido escalando. El punto máximo llegó el 2 de marzo de 2019. La Fiscalía incluyó a Mantilla en el Sistema de Protección de Víctimas y Testigos.

La entidad basó su decisión en las amenazas que la perito recibió contra ella y su familia a través de redes sociales y a través de su WhatsApp personal.

Luego de su participación en el juicio, el enfrentamiento entre Mantilla y los afines al correísmo, incluyendo al propio expresidente Rafael Correa, se libró en las redes.

El mismo Correa pidió a sus simpatizantes y a sus contactos en México que investigarán los antecedentes de Mantilla. Esto porque, según el registro público de la Senescyt, no es abogada de profesión, sino educadora. Y los cursos sobre crimonología que ha hecho no tienen aval universitario.

La Fiscalía aclaró que Mantilla concluyó sus estudios en derecho, y está a la espera de defender su tesis para titularse. Además, que tiene dos diplomados internacionales en criminología.

Además, Alexis Mera, otro de los procesados, grabó en video la entrevista que le realizó Mantilla.

En redes sociales se reprodujeron extractos de esta entrevista, en los que la perito dice que desde el punto de vista criminológico no hay nada ilegal en el fondo de solidaridad que, según Correa, en su época se manejaba en la Presidencia.

Aunque esta aseveración de Mantilla no constó en su informe oficial. Según el correísmo, esto deja sin piso el caso de la Fiscalía contra Correa, ya que una de las pruebas en su contra es un cheque por USD 6.000 que recibió en 2012.

Según la acusación de la Fiscalía, ese dinero salio de la red de sobornos. Pero el exmandatario asegura que el monto fue un préstamo del fondo de solidaridad que, posteriormente, devolvió.