Nueve firmas entregaron USD 7,45 millones a tres funcionarios del gobierno de Rafael Correa, a manera de sobornos, según la Fiscalía. Por lo menos dos empresas se libraron del proceso.
Los representantes de nueve empresas privadas afrontarán un juicio por cohecho, en el caso ‘Sobornos 2012-2016’. Una trama de corrupción que consiste en la entrega dinero por parte de empresas a funcionarios públicos, a cambio de recibir contratos con el Estado.
La Fiscalía había pedido el juzgamiento de representantes de 11 empresas, pero la jueza Daniella Camacho decidió el sobreseimiento de dos.
Los sobornos de estas nueve empresas, entre cruce de facturas y la entrega de efectivo, suman USD 7,45 millones.
A continuación el detalle, que fue incluido en la resolución del llamado a juicio por parte de la jueza penal de la Corte Nacional, Daniella Camacho:
Las sobreseídas
Dos empresas fueron excluidas del juicio. Se trata de la constructora Verdú y de la firma china Sinohydro, a través de sus representantes José Verdú y Cai Runguo, respectivamente.
En el caso de José Verdú, la Fiscalía lo había vinculado por la entrega de USD 100.000 a través del mecanismo de cruce de facturas.
Siendo la empresa que menos habría aportado a Alianza PAIS. Camacho no encontró indicios suficientes para llamarlo a juicio.
Sinohydro, en cambio, con USD 580.000 es la sexta empresa que más aportes hizo a Alianza PAIS. Pero, la jueza consideró que Runguo no tuvo relación con esta entidad en la época en la que se habrían materializado los sobornos y los contratos a favor de la empresa.
Runguo, además de apoderado de Sinohydro, fue el embajador de China en Ecuador. Llegó al país en 2007 y desarrolló una estrecha relación comercial con el Gobierno del expresidente Rafael Correa.
El martes 7 de enero de 2020, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) notificó el auto de sobreseimiento a favor de Verdú, Runguo y, también, de María Augusta Enríquez, excolaboradora de Vinicio Alvarado.
Si la Fiscalía y Procuraduría no presentan una apelación a esta decisión hasta el jueves 9 de enero, el viernes quedaría ejecutoriada.
Más empresas involucradas
Durante la lectura de la resolución del llamado a juicio y los sobreseimientos, la jueza Daniella Camacho envió un mensaje fuerte a la Fiscalía General.
Además de considerar que la acusación fue “desordenada”, la magistrada recordó a la Fiscalía General que es su obligación investigar a todas las empresas y personas nombradas en los denominados archivos verdes, como se conoce a los registros del caso Sobornos.
Además, hizo especial énfasis en la empresa brasileña Odebrecht, que no tiene ningún vinculado. Incluso, un testimonio de su ex representante en el país, José Conceição Santos, fue excluido por la propia Camacho.
La fiscal Diana Salazar respondió que ya existen “varias investigaciones previas” en contra de otras personas y otras empresas, por otros delitos, y que estos procesos incluyen a Odebrecht.
Sin embargo, la Fiscalía no ha especificado cuáles son las empresas indagadas. Y no se divulgarán sus nombres mientras los casos sigan en indagación previa. Solo se harán públicos si pasan a instrucción fiscal.
Salazar explicó, además, que el caso ‘Sobornos 2012-2016’ no termina con este juicio por cohecho, ya que solo se ha investigado a las empresas que sobornaron en los sectores estratégicos, pero hay otros ministerios y áreas involucrados.
¿Cuáles empresas faltan?
La investigación de la Fiscalía, devenida ahora en juicio por cohecho, se originó por una publicación periodística denominada Arroz Verde, que puso en evidencia la filtración de los archivos de la trama.
En estos archivos, además de la “colaboración” de Odebrecht, que se supone fue gestionada por el exvicepresidente Jorge Glas, aparecen otras empresas como Midisa S,A, que había asegurado la entrega de USD 1 millón.
También se menciona al Consorcio Valero-Semaica, a Telconet y a Osier S.A.
Mientras las indagaciones de otras empresas y personas se concretan, el caso por cohecho continúa. El siguiente paso es la notificación a las 21 personas llamadas a juicio y, posteriormente, la designación del tribunal que las juzgará.
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