El presidente Guillermo Lasso deberá enfrentar una acusación por peculado, en la que se lo señala por no dar por terminado un contrato millonario con Amazonas Tanker Pool.
El trámite del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso comenzará este lunes 3 de abril de 2023 en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Allí, el Mandatario deberá enfrentarse a la única acusación en su contra que pasó el control de la Corte Constitucional: peculado.
El peculado es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que habla de funcionarios públicos o privados que abusen, se apropien, distraigan, o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, que estén en su poder en virtud de su cargo.
Los legisladores apuntan a Lasso con su juicio político por una “estructura de corrupción que perjudicó las arcas estatales”. Lo acusan por, supuestamente, haber permitido que se mantenga un contrato que perjudicaba al Estado, a cargo de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
Esta es la única causal que, según la Corte Constitucional, es “mínimamente verosímil” y no contiene “hechos manifiestamente falsos o imposibles”. Las otras dos, relacionadas con las denuncias del medio digital La Posta, quedaron descartadas por “inconsistencias“.
El contrato con Amazonas Tanker Pool
La acusación por peculado en la solicitud de juicio político contra Lasso se centra en nueve “hechos” relacionados con Flopec y un contrato con el pool Amazonas Tanker.
Esta es una empresa internacional, que funciona en las Islas Marshall (un paraíso fiscal en Oceanía), dueña de buques para transporte petrolero. La relación entre Flopec y Amazonas Tanker Pool data de 2020.
Según un informe de Contraloría, en 2018, Flopec y la empresa Dragun USA LLP firmaron un contrato para la transportación y trading de barriles de crudo. Pero en 2020, ambas firmas acordaron un “adendo”, con el que Amazonas Tanker Pool entró al contrato.
Para cumplir las condiciones establecidas en la modalidad asociativa de negocio con Amazonas Tanker, Flopec contrató cinco buques tipo Aframax bajo la figura “time charter” (fletamiento a tiempo), por períodos de entre 1 y 3 años.
Por ellos, se cancela mensualmente una tarifa fija diaria de fletamento. Los buques son:
Esta operación generó, según la Contraloría, un perjuicio para el Estado, pues Flopec es una empresa pública. Los gastos por el alquiler de los buques "en algunos meses fueron superiores al ingreso recibido por cada buque". Por ello, la entidad de control aseguró que había una diferencia de USD 6,1 millones con lo que se hubiera ganado si Flopec usaba sus buques propios.
La irregularidad además está en que, según un reporte de Periodismo de Investigación, tanto Dragun como Amazonas Tanker estarían relacionadas con la empresa Gunvor. Esta firma, de origen ruso, hacía de trader en los contratos de preventa petrolera para la china Unipec y Petrotailandia.
El informe de Contraloría fue emitido en noviembre de 2021, y entre sus recomendaciones, pide evaluar "la conveniencia y pertinencia de continuar" con esta asociación.
Las acusaciones del juicio político
Este informe de la Contraloría que determinó que el contrato con Amazonas Tanker era perjudicial para los intereses del Estado es la base para la acusación por peculado en el juicio político contra Lasso.
Según narran los asambleístas en el pedido de juicio político, con base en este informe de la Contraloría, el vicealmirante Jhonny Estupiñán, gerente de Flopec, intentó dar por terminado este contrato.
Sin embargo, fue removido de su cargo por esta razón en marzo de 2022, tras cinco meses de gestión.
Días después, Estupiñán habría remitido una carta al Presidente, "denunciando las irregularidades cometidas por el señor Hernán Luque al frente de EMCO (Empresa Coordinadora de Empresas Públicas), solicitando además una cita con el mandatario".
Estupiñán planteó una acción de protección para volver a su cargo. Tras ganar, fue restituido en junio de 2022. Pero según los asambleístas, Luque le impuso dos asesores para la gerencia: Oswaldo Rosero y Óscar Panchi.
La decisión de estas dos contrataciones se hizo mediante resolución del directorio de la EMCO, según cita la solicitud de juicio político. Y en julio, se firmó un nuevo contrato con Amazonas Tanker Pool.
Por esto, los asambleístas apuntan hacia Lasso. Dicen que no dispuso investigar la separación de Estupiñán a pesar de haber recibido su carta, y que con Luque definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros.
“El presidente conocía y consintió que dichos contratos eran perjudiciales para el Estado sigan ejecutándose”.
Solicitud de juicio político a Guillermo Lasso
Los asambleístas concluyen que la “estructura que propició la corrupción en Flopec responde a la designación de los funcionarios realizada por el presidente Lasso”.
La defensa de Lasso ante el juicio político
En cadena nacional este 30 de marzo de 2023, Lasso aseguró que es inocente y que las acusaciones por peculado en su contra son falsas.
Específicamente habló del informe de Contraloría, y dijo que este examinó contratos firmados en tiempos anteriores a su mandato, que comenzó el 24 de mayo de 2021. "No me pueden atribuir algo que no hice porque (en esa fecha) no era presidente", agregó Lasso y recordó que no existen denuncias en la Fiscalía al respecto.
Sin embargo, el tema del informe de Contraloría ya fue tratado por la Corte Constitucional. En el dictamen de admisibilidad, los magistrados dicen que "el dato del examen especial es usado para inferir que el contrato de transporte petrolero entre Amazonas Tanker Pool y Flopec era perjudicial para el patrimonio de esta empresa pública".
"El examen especial (de la Contraloría), en la acusación, debe entenderse como un antecedente relevante respecto del nuevo contrato firmado entre el Estado y Amazonas Tanker Pool"
Dictamen No. 1-23-DJ/23
Lasso no se refirió al nuevo contrato que, según los asambleístas, se firmó en julio de 2022.
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