El paro nacional abrió un nuevo episodio de acusaciones entre el Ejecutivo y el movimiento indígena. Los temas principales son las supuestas infiltraciones y presuntas vinculaciones ilícitas.
Los desencuentros abundaron en los primeros intentos de diálogo entre el presidente Guillermo Lasso y el movimiento indígena. Un año después, el Ejecutivo y la Conaie volvieron a la mesa, después de 18 días de paro nacional, pero las tensiones siguen latentes.
Esta vez, la mayor organización indígena del país llega al diálogo de la mano de otras dos agrupaciones: la Fenocin y la Feine. Mientras que el Mandatario llega con Patricio Carrillo, como ministro del Interior, y Francisco Jiménez, como ministro de Gobierno.
Cada bando manejó dos líneas de discurso, según pasaban los días del paro y los enfrentamientos entre uniformados y civiles. Pero la firma del acta por la paz, el 30 de junio, no cerró el capítulo de acusaciones mutuas.
Aunque el escenario se mantiene álgido y los pedidos de investigación y justicia apuntan en ambas direcciones, las partes acordaron trabajar en una decena de mesas temáticas, para finiquitar los detalles de las medidas tomadas y de las que siguen pendientes.
Precisamente hoy, 13 de julio, está previsto que se instalen las dos primeras mesas sobre la focalización de los subsidios a los combustibles y las deudas en el sistema financiero, que estarán lideradas por los nuevos ministros de Transporte y Finanzas, respectivamente.
Una vez que se cierren esas temáticas se abrirán las dos mesas siguientes y así sucesivamente. La última en la lista es la que tratará los temas de seguridad y que estará presidida por el ministro Carrillo, cuya actuación durante el paro ha sido cuestionada por las organizaciones sociales y de derechos humanos.
La versión del Gobierno
Las acusaciones del presidente Lasso y sus ministros del área de seguridad se concentraron en dos aristas: el vandalismo y la delincuencia organizada. Y las teorías al respecto van creciendo en detalles.
El Mandatario acusó al presidente de la Conaie, Leonidas Iza, de querer derrocarlo, a la vez que dijo que se trataba de un anarquista que estaba engañando a 35.000 indígenas, para alcanzar sus aspiraciones personales.
Al coro presidencial se sumaron los ministros Carrillo, Luis Lara (Defensa) y Fausto Cobo (CIES). La línea argumental fue que las manifestaciones "coincidentemente" beneficiaban a las organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico.
El más prudente fue Lara, quien se limitó a decir que el paro nacional distraía a las Fuerzas Armadas de su tarea central, de resguardar la seguridad nacional. Pero que mantendrían su trabajo contra el crimen transnacional.
Cobo afirmó que se trataba de una “confabulación” en contra de la República, que involucra dinero del narcotráfico y el crimen organizado. Dijo que era una estrategia focalizada, para desgastar a las fuerzas del orden y que no eran actos aislados, sino concertados para tomar el poder.
Carrillo insistió en que los focos de violencia estaban liderados por grupos radicales con formación táctica; habló de que la protesta estuvo fundida con actos de terrorismo, delincuencia organizada y común, así como intereses políticos que avivaron la violencia.
Una vez acordado el diálogo, el presidente Lasso retomó las acusaciones de presuntas vinculaciones con el narcotráfico. Sostuvo que el paro se impulsó entre el correísmo, la Conaie y organizaciones delictivas transnacionales.
Y, según el ministro Jiménez, hay elementos que confirman esa información. Y agregó que el cálculo de los USD 15 millones “sale de la cuantificación de los días, de los niveles de desplazamiento, del número de participantes y de los hechos registrados”.
Mientras que Carrillo dijo que las donaciones de las que hablaba la Conaie, con las que se mantenía la movilización, "son absolutamente opacas".
La versión de la Conaie
La aprehensión y judicialización de Leonidas Iza provocó que las manifestaciones se intensifiquen y que los ánimos se radicalicen. Entonces, la Conaie llamó a su "estructura organizativa a radicalizar las medidas de hecho".
Además, el dirigente intentó distanciar el paro de las acusaciones del Gobierno de vandalismo, sin éxito. Pidió constantemente a sus simpatizantes controlar a los vándalos e infiltrados, para evitar la violencia y delitos. Así como abrir corredores humanitarios para temas de salud y productos de primera necesidad. Esto casi no se cumplió.
Además, las organizaciones sociales acusaron al Gobierno de ser quien infiltraba gente en sus filas, uniformados vestidos de civiles. Afirmaron que retuvieron a varios y que los entregaron a las autoridades, que no habrían hecho nada al respecto.
La Conaie acusó al gobierno de reprimir y criminalizar la protesta social, así como lo responsabilizó por los heridos y muertos durante las manifestaciones, en especial a Carrillo, quien estuvo a cargo de la operación policial.
Uno de los principales argumentos de quienes lideraron el paro fue el del uso excesivo de la fuerza y los supuestos ataques a los centros de paz y lugares de descanso de los manifestantes.
Iza incluso responsabilizó al gobierno por su vida y por la de los demás dirigentes, ya que dijo que había recibido amenazas y denunció hasta un atentado contra su vehículo.
Sin embargo, con el paso de los días, Iza fue moderando su discurso e impulsó la concreción de un diálogo nacional con el Gobierno, aunque acusa al Ejecutivo de politizar la justicia y presionar para que lo judicialicen, sin pruebas aparentes.
Aunque una vez iniciado el proceso de diálogo, el presidente Lasso continuó acusando al movimiento indígena de vinculaciones ilícitas. A lo cual el presidente de la Conaie respondió que el discurso del gobierno estigmatiza a la población indígena y fomenta el racismo.
Por ello, Iza pidió al Primer Mandatario que se dedique a gobernar y deje de especular, sobre supuestas vinculaciones con el narcotráfico.
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