Alcalde de Portoviejo alista recursos legales tras sanción electoral

Javier Pincay continúa realizando actividades oficiales como alcalde de Portoviejo, en Manabí, a pesar de la resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que suspende sus derechos de participación política por cometer una infracción electoral grave.

La denuncia fue presentada por José Miguel Mendoza, quien también aspiraba a la Alcaldía de Portoviejo, en contra de Pincay, quien representó al partido Avanza, por no asistir injustificadamente al debate previo a las elecciones del 5 de febrero de 2023.

Tras la votación, el Tribunal aseguró que al haber perdido sus derechos políticos, automáticamente Pincay también pierde su cargo como Alcalde de Portoviejo.

El funcionario debería ser reemplazado por la vicealcaldesa Mariela Coral, aunque ella aseguró que respalda a Pincay y calificó la decisión del TCE de abusiva y como una “falta de respeto a la voluntad de Portoviejo”.

Para este lunes está previsto que se conozcan los recursos extraordinarios de protección ante la Corte Constitucional que interpondrá Pincay.

Además, para las 16:00, la Junta Cívica del Pueblo y los concejos barriales convocaron a una marcha por la Democracia, en respaldo al funcionario.

"No hay suspensión de derechos políticos"

Tras la resolución, que también dispone el pago una multa de USD 9.450, Pincay dijo que "en otros países saben por lo que pasaba Javier Pincay en esos momentos, que estaba en cama, que solo se levantó un momento, con oxígeno, para dar una declaración en Facebook".

David García, procurador síndico de la alcaldía, aclaró que no hay suspensión de derechos políticos y que "lo que no puede es participar, por lo tanto, sigue en funciones".

La resolución del TCE contra Pincay dice lo siguiente:

"La suspensión de los derechos de participación por dos años, de acuerdo con lo dispuesto en el primer inciso del artículo 279 del Código de la Democracia".

Según el artículo 279 del Código de la Democracia, las infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multa desde 21 salarios básicos unificados hasta 70, así como la destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.

Debido a que es una sentencia de apelación, Pincay puede únicamente solicitar un recurso de aclaración y ampliación, lo que no modifica el fallo.