Presidente Noboa impulsa una nueva estructura para recibir y seguir alertas de corrupción

El presidente Daniel Noboa emitió el 7 de mayo el Decreto Ejecutivo 377, por el cual amplía las funciones de la Secretaría General de Integridad Pública y formaliza un nuevo esquema estatal para receptar alertas sobre presuntos actos de corrupción. 

El documento también respalda la creación de una nueva dependencia denominada Dirección de Análisis y Seguimiento de Alertas.

El decreto reforma el numeral 18 del artículo 5 del Decreto Ejecutivo 249 de 2024. A partir de este cambio, la Secretaría General de Integridad Pública podrá recibir alertas relacionadas con posibles hechos de corrupción provenientes de personas naturales, empresas privadas, instituciones públicas y otros actores sociales. 

La norma establece que esa información deberá canalizarse hacia las entidades estatales competentes con fines preventivos y de fortalecimiento de la política nacional de integridad pública.

En la práctica, la disposición otorga a la Secretaría un papel más operativo dentro del sistema anticorrupción del Ejecutivo. Sin embargo, el decreto no le concede facultades judiciales ni funciones de investigación penal. La entidad podrá receptar, coordinar y articular información, pero no reemplazará a organismos como Fiscalía, Contraloría o la Policía Nacional.

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El documento también incorpora el nuevo numeral 19, que habilita a la Secretaría General de Integridad Pública para asumir otras funciones que disponga la Presidencia de la República o la normativa vigente.

Uno de los puntos más relevantes aparece en la parte considerativa del decreto. Allí se menciona que la Presidencia solicitó al Ministerio del Trabajo la aprobación de un rediseño institucional que incluye la creación de la “Dirección de Análisis y Seguimiento de Alertas”.

Según el texto, esta nueva dependencia formará parte de la estructura orgánica de la Secretaría General de Integridad Pública y tendrá relación directa con el procesamiento y seguimiento de alertas sobre posibles actos de corrupción.

El decreto también dispone que la Secretaría General Administrativa de la Presidencia, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Economía y Finanzas ejecuten, en un plazo de 60 días, todas las acciones administrativas necesarias para adaptar la estructura institucional. Esto incluye ajustes orgánicos, creación de cargos y asignación presupuestaria.

El Gobierno sostiene que el objetivo del decreto consiste en fortalecer la prevención de la corrupción y mejorar la coordinación interinstitucional dentro de la Política Nacional de Integridad Pública.