El Pleno del Legislativo aprobó una resolución para convocar, este martes 21 a las 16:30, a los representantes de la Conferencia Episcopal, Naciones Unidas, Cruz Roja y otros organismos para instalar una mesa de diálogo.
El Pleno de la Asamblea aprobó, este 20 de junio de 2022, una resolución para dar inicio oficialmente al diálogo entre el Ejecutivo y el movimiento indígena, en el octavo día de paro nacional.
El proyecto de resolución fue presentado por Mireya Pazmiño, “rebelde” de Pachaktuik. Obtuvo 81 votos a favor y 41 abstenciones; los apoyos provinieron de UNES, Pachakutik y la ID, y las abstenciones, del oficialismo y el PSC.
La resolución contiene ocho puntos:
- Rechazar el “manejo errático” de la actual situación social y política por parte del Gobierno Nacional que “con su accionar cada vez la profundiza más”; y su intención de “burlar los sistemas de control” al derogar el decreto 455.
- Exigir al Gobierno Nacional “una propuesta seria, clara y honesta de apertura al diálogo, que posibilite al país alcanzar consensos políticos”.
- Exhortar el pronunciamiento inmediato de la Corte Constitucional para que “evidencie, limite y prevenga” el claro y malicioso abuso de mecanismos e instituciones jurídicas extraordinarias previstas en la Constitución.
- Conminar al respeto al principio de seguridad jurídica como primera manifestación de justicia y el respeto a la autonomía de las Funciones del Estado.
- Exigir al Presidente que cumpla las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que establece: “respetar y garantizar el goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión y a la reunión pacífica”.
- Exigir la inmediata devolución de la Casa de la Cultura al pueblo ecuatoriano y la desmilitarización de la Asamblea Nacional.
- Convocar para este martes 21 de junio a las 16:30 en la sede de la Asamblea Nacional a los representantes de varias organizaciones a una mesa de diálogo, para proponer mecanismos de solución “a los difíciles momentos que atraviesa el país”:
- La Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
- El sistema de Naciones Unidas.
- El Comité Internacional de Cruz Roja.
- Un representante de las universidades públicas y privadas del Ecuador.
- Representantes de las cámaras de comercio y producción.
- Otras entidades, organizaciones y/o gremios de carácter nacional.
El debate sobre un decreto derogado
La movida del Ejecutivo dejó a la Asamblea Nacional sin piso. Minutos después de la instalación de la sesión del Pleno, este 20 de junio de 2022, en la que estaba previsto tratar la revocatoria del estado de excepción dictado el viernes anterior, el presidente Guillermo Lasso derogó dicho decreto y emitió uno nuevo, que amplía el estado de excepción a seis provincias.
La publicación del nuevo estado de excepción, en el decreto ejecutivo 459, se dio pasadas las 17:30, hora en la que se instaló la sesión del Pleno. Esto bloqueó la posibilidad de que los legisladores cambien el orden del día y traten este nuevo decreto en la moción.
Con el nuevo decreto, la Asamblea no pudo tratar la revocatoria. Pero el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, sí abrió el debate para que los legisladores hablen sobre el tema.
Juan Cristóbal Lloret (UNES) pidió a la Secretaría que certifique si hay alguna notificación de parte de la Presidencia. En vista de que no hubo ninguna notificación, consideró que sí es posible aún derogar el decreto 455.
El legislador habló de la posibilidad de una muerte cruzada, en vista de que el decreto habla de “grave conmoción interna”, una de las causales para invocar esta figura, que removería al presidente Guillermo Lasso.
John Vinueza (indep.) apoyó la tesis de la muerte cruzada, y dijo que él se va “feliz” a su casa, si Lasso también se va.
Esteban Torres (PSC), en cambio, hizo un llamado al diálogo y a “virar la página”. Mientras que el oficialista Jorge Pinto (BAN) aseguró que los manifestantes no consideran que el país está pasando una crisis económica, y que el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, se niega a conversar.
El Pleno debatió por más de dos horas la posible revocatoria del decreto derogado.
Pedido de Guarderas, negado
La jueza Mónica Freire, de la Unidad Judicial de Tránsito de Tumbaco, negó, este 20 de junio de 2022, las medidas cautelares solicitadas por el alcalde de Quito, Santiago Guarderas. El funcionario buscaba bloquear una decisión del Pleno de la Asamblea sobre la revocatoria del estado de excepción por el paro nacional.
La jueza de la causa fundamentó su decisión con el argumento de que no se puede dictar medidas cautelares ante “una posibilidad de que se revoque el estado de excepción“. La magistrada asegura que la petición de Guarderas no cumple con los requisitos constitucionales.
Guarderas argumentó que existe una posible amenaza de modo inminente y grave con violar el riesgo a la seguridad de la ciudad y de transgredir derechos constitucionales.
La decisión de la jueza se dio minutos antes de que el Pleno de la Asamblea se instale para conocer y debatir sobre la revocatoria del estado de excepción.
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, sostuvo minutos antes de la instalación de la sesión que “el único camino es el diálogo” y por ello se mostró optimista sobre el llamado que planea hacer el Pleno de la Asamblea. Señaló que buscarán la mediación de organismos como Naciones Unidas o la Cruz Roja para estas conversaciones.
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