La Asamblea defiende y ataca a la Policía al mismo tiempo

Una coincidencia en la agenda de la Asamblea Nacional puso en evidencia el discurso político contradictorio que se maneja en el Legislativo.

Mientras los legisladores tratarán este 4 de agosto de 2022 el veto a la Ley para el uso legítimo de la fuerza, que busca garantizar la acción policial, los mismos asambleístas impulsan un proceso de fiscalización contra el ministro del Interior, Patricio Carrillo, justamente por el uso de la fuerza durante el paro nacional de junio.

Este 3 de agosto, Carrillo compareció ante la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el ala "rebelde" de Pachakutik y la bancada correísta UNES. Allí, durante más de cuatro horas, respondió preguntas y escuchó críticas a la actuación de la Policía Nacional durante los 18 días del paro.

La mayoría de asambleístas lo cuestionó por un supuesto abuso policial; lo señalaron por uso desmedido de gas lacrimógeno e insistieron en que los uniformados utilizaron armamento letal contra los manifestantes.

La asambleísta Fernanda Astudillo (UNES) incluso aseguró que hubo "francotiradores" en el techo de la Contraloría durante uno de los días de protesta.

La comparecencia se dio por pedido de la asambleísta Mireya Pazmiño, de los rebeldes de Pachakutik. Según ella, en el marco de un proceso de fiscalización de esa comisión a las actuaciones durante el paro.

Pero los cuestionamientos se dieron un día antes de que la misma Asamblea trate el veto a la Ley del uso legítimo de la fuerza, que busca garantizar cuándo la policía puede hacer uso de armas letales para enfrentar a personas que comentan crímenes o atenten contra la vida.

La ley, ya aprobada por la Asamblea, incluye también la posibilidad de que los uniformados usen armamento para la dispersión de protestas cuando se tornen violentas.

La ratificación no tiene los votos

La Ley para el uso legítimo de la fuerza ya no puede ser archivada. A pesar de las críticas a la actuación policial durante el paro, para esta normativa solo hay dos opciones: acoger las recomendaciones del veto o desecharlas.

La normativa recibió un veto parcial del Ejecutivo, con 21 observaciones. Sin embargo, la Comisión de Seguridad recomendó desechar 20 de esas observaciones, y que el Pleno de la Asamblea se ratifique en la mayoría de los textos que fueron originalmente aprobados.

Para que el Pleno se ratifique en los textos son necesarios 91 votos, que de momento no existen, básicamente debido a que Pachakutik no votará ni por la ratificación ni por el allanamiento; su voto será por la abstención.

Salvador Quishpe, coordinador de esa bancada, aseguró que no apoyarán ninguna de las dos opciones porque no están de acuerdo con que, dentro de esta ley, se haya incluido a la protesta social.

"Esta ley no garantiza el derecho a la resistencia. Nosotros propusimos a UNES dejar estos tres artículos fuera, pero no quisieron", sostuvo Quishpe.

Por ello, su opción es que, sea cual sea el texto de la ley, Pachakutik planteará una reformatoria para eliminar los artículos relacionados con la protesta social.

La bancada oficialista BAN, en cambio, se inclinaría por el allanamiento. Nathalie Arias dijo que no hay aún una posición oficial, pero que tendrán reuniones antes de la sesión del Pleno, convocada para las 08:30.

Sin los votos de esas dos bancadas, no será posible que el Pleno se ratifique. Es decir, que no habría un pronunciamiento de los legisladores, por lo que los 21 textos del veto entrarían en vigencia cuando se cumpla un mes de su envío: el 9 de agosto.

El veto incluye la posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen en los estados de emergencia, que son un paso previo al estado de excepción.

El juicio contra Carrillo

El ministro Carrillo enfrenta también un pedido de juicio político, impulsado por UNES y por los rebeldes de Pachakutik, que deberá pasar a la Comisión de Fiscalización en los próximos meses.

Este proceso fue presentado por los asambleístas Jahaira Urresta (UNES) y Peter Calo ('rebelde' de Pachakutik), con el respaldo de 57 firmas. Los legisladores acusan a Carrillo de incumplimiento de funciones por varias causales:

• Supuestos abusos policiales cometidos durante los 18 días de paro nacional, en junio de 2022.
• La inseguridad ciudadana, que no recibe respuesta de la Policía Nacional.
• La crisis carcelaria, en la que tampoco habría una respuesta efectiva de parte de la Policía.

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