El presidente Guillermo Lasso envió a la Asamblea el veto al Proyecto de Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza. Plantea 21 cambios.
El 7 de julio de 2022, el Primer Mandatario envió la objeción parcial a esta norma. Según el documento, Lasso propone textos alternativos a 16 artículos y a cinco disposiciones reformatorias.
Un mes antes, la Asamblea había aprobado este proyecto que juntó varias iniciativas legislativas y que se trabajó en conjunto con el Ejecutivo. Esta norma no se aplicó en las recientes manifestaciones lideradas por el movimiento indígena.
El nudo crítico de esta ley está, justamente, en la parte que se refiere a las acciones de la fuerza pública en este tipo de manifestaciones. En el proyecto hay tres artículos sobre este tema que han causado polémica:
Para organizaciones, como la Conaie, estos artículos componen un marco legal para que las Fuerzas Armadas y la Policía usen armas y ejecuten "acciones inconstitucionales, peligrosas, intimidatorias, represivas y autoritarias" en medio de las protestas.
El brazo político del indígena, Pachakutik, solicitó al Ejecutivo el veto de esta parte de la normativa.
Sin embargo, el Primer Mandatario no consideró ninguno de estos artículos en el veto. Es decir, que está de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea.
Ahora, el Legislativo tiene 30 días para analizar las observaciones. Los legisladores podrán aceptar los textos propuestos por el Ejecutivo o ratificarse en los que aprobaron inicialmente, de manera total o parcial, con al menos 91 votos.
En el veto de Lasso se apunta a otros temas de forma. Por ejemplo, la primera objeción es al primer artículo de la ley. Este se refiere al objeto de la misma, que es el normar el uso legítimo de la fuera por parte del Estado. Inicialmente, la Asamblea había incluido la palabra excepcional. Pero, Lasso propone eliminarla.
Otra de las objeciones es al artículo 4, que habla de los principios de la ley. El Legislativo dice que las instituciones de seguridad, que incluyen a las Fuerzas Armadas y a la Policía, pueden realizar actividades conjuntas, coordinadas y complementarias.
El Ejecutivo, en cambio, plantea reducir este alcance a acciones de apoyo y coordinadas. Ya que podría haber conflictos de competencias e ir en contra de lo establecido en la Constitución.
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