Un juez ordenó la restitución al cargo de Rosa Chalá, exintegrante del Consejo de Participación, que fue cesada por la Asamblea mediante un juicio político. Otros funcionarios destituidos por la Asamblea podrían usar al mismo recurso en su intento por regresar a sus cargos.
La Asamblea Nacional ha tenido una nutrida labor en fiscalización, si se la compara con los períodos anteriores.
Desde el 2017, el Legislativo actual ha destituido a ocho autoridades en funciones (cinco mediante juicio político), además de las que fueron censuradas cuando ya no ejercían el cargo.
Sin embargo, la decisión de un juez de dejar sin efecto la destitución de Rosa Chalá como vocal del Consejo de Participación abre la puerta para que estos funcionarios usen la vía judicial para recuperar sus cargos.
Rosa Chalá fue la primera en plantear una acción judicial. Ella fue destituida en octubre pasado, tras un proceso de juicio político. Se le acusó de incumplimiento de funciones, por haber desconocido un dictamen de la Corte Constitucional.
Ahora la justicia pide que sea restituida en su puesto, pues presuntamente hubo una vulneración a sus derechos durante en proceso de juicio político.
El vicepresidente de la Asamblea, César Solórzano (BIN), señaló que sobre todo es un precedente para el caso de la exasambleísta Sofía Espín.
La entonces legisladora del ala correísta de Alianza PAIS fue removida con 94 votos, por “incompatibilidad de funciones”. La investigación se originó en la visita a Jéssica Falcón, exagente de Inteligencia, implicada en el secuestro de Fernando Balda. Finalmente Espín fue sobreseída.
“La Función Judicial no puede determinar si es que las decisiones de un juicio político en la Asamblea pueden ser revisadas. Es una barbaridad”
Fabricio Villamar, asambleísta independiente
Los compañeros de bancada de Espín coinciden en este punto. Marcela Aguiñaga (Revolución Ciudadana) sostuvo que aunque en teoría la justicia no puede revisar decisiones legislativas, hay un precedente: cuando vía judicial se decidió que Lenín Moreno debía seguir como presidente de Alianza PAIS.
La legisladora añadió que en ese entonces la justicia actuó sobre un tema concerniente a la Función Electoral. Por tanto, en el caso de Chalá, “a la Asamblea solo le queda la opción de acatar lo señalado en la sentencia y devolver el puesto a la exconsejera”.
Las destituciones de la Asamblea
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Carlos Baca Mancheno
El fiscal general Carlos Baca, en su comparecencia ante la Asamblea por el juicio político en su contra, el 26 de abril del 2018. Asamblea
El fiscal general Carlos Baca Mancheno fue censurado y destituido en abril de 2018, tras un proceso de juicio político. A Baca se lo acusó de incumplimiento de funciones y vulneración a la ley.
La principal acusación del caso se centró en una rueda de prensa a la que Baca convocó, donde hizo público un audio entre el excontralor Carlos Pólit, desde entonces prófugo, y el entonces presidente de la Asamblea, José Serrano. Ellos hablaban sobre un supuesto envío de documentos a una “amiga”.
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Norma Vallejo
La asambleísta por Alianza PAIS Norma Vallejo fue destituida de la Asamblea en noviembre de 2018, después de que se le acusó del cobro de “diezmos” a sus asesores.
El Legislativo creó una comisión especial para la investigación de este caso. Se la acusó de tramitar cargos públicos, algo que está prohibido en la ley.
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Sofía Espín
La asambleísta correísta Sofía Espín fue destituida de la Asamblea en noviembre de 2018, después de que se le acusó de “incompatibilidad de funciones”.
Un video en el que Espín entraba a la cárcel de Latacunga, presuntamente para visitar a Jéssica Falcón, exagente de Inteligencia, se difundió a través de redes sociales. La legisladora presuntamente había ido a conversar con la detenida a la Cárcel 4, para pedir que se retractara de su testimonio, en el que señalaba al expresidente Rafael Correa.
En diciembre de 2019, la Fiscalía se abstuvo de acusarla en el proceso por supuesto tráfico de influencias que se llevó en su contra.
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Ana Galarza
La legisladora Ana Galarza fue destituida por el pleno de la Asamblea en febrero de 2019. Se le acusó de uso doloso de documento falso, enriquecimiento ilícito y de tramitar cargos públicos.
Las acusaciones nacieron de su exasesor Lenin Rodríguez, quien denunció que el esposo de Galarza habría estado cobrando el sueldo de una de sus asesoras, que no trabajaba en la Asamblea.
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Cuatro vocales del Consejo de Participación
José Tuárez, Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez fueron censurados y destituidos tras un juicio político en octubre de 2019. Se los señaló por un incumplimiento de funciones, por haber incumplido un dictamen de la Corte Constitucional.
Los cuatro vocales del Consejo de Participación votaron a favor de la creación de una comisión que revise la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Esa designación estuvo a cargo del Consejo de Participación Transitorio, cuyas decisiones no se podían revisar, de acuerdo al dictamen de la misma Corte Constitucional.
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