La exconsejera, cesada por la Asamblea mediante un juicio político, planteó una acción de protección en Santa Ana, Manabí. La justicia determinó que hubo una violación de sus derechos constitucionales de parte de los 84 asambleístas que votaron por su destitución.
Nota actualizada a las 12:40 con la reacción de los asambleístas
Un juez del cantón Santa Ana, Manabí, resolvió este 11 de diciembre de 2019 que se violaron los derechos de Rosa Chalá, exmiembro del Consejo de Participación Ciudadana, durante el proceso de juicio político que terminó con su destitución.
Chalá fue cesada el 14 de octubre, junto a José Tuárez, Victoria Desintonio y Walter Gómez.
En la sentencia, el juez Manuel Ruiz resolvió que la Asamblea vulneró el derecho a la seguridad jurídica de Chalá, al debido proceso y al ejercicio de sus derechos políticos.
Por tanto, dejó sin efecto la resolución del pleno del Legislativo con la que se destituyó a Chalá y ordenó la restitución de su cargo como consejera del CPCCS y vicepresidenta de ese organismo “de manera inmediata”.
El juez también ordenó a la Defensoría del Pueblo para que haga la vigilancia del cumplimiento de la acción de protección.
En su argumentación, el juez señala que no hace una revisión del acto legislativo, sino del administrativo. Dice que los asambleístas “debieron agotar las instancias de incumplimiento”, con referencia a que no hubo una acción de incumplimiento presentada ante la Corte Constitucional.
El principal argumento para la destitución de Chalá, Tuárez, Desintonio y Gómez fue el incumplimiento de funciones. Según los asambleístas, ellos no respetaron el dictamen de la Corte Constitucional que señalaba que las decisiones del Consejo de Participación Transitorio no debían ser revisadas.
Tuárez, dentro de sus pruebas para el juicio político, presentó un certificado de la Corte Constitucional que señalaba que no se ha presentado ninguna acción de incumplimiento en contra de ese dictamen. Los legisladores no lo consideraron una prueba de descargo porque la no presentación de una acción no significa que el dictamen se haya cumplido.
La Asamblea apelará y pedirá sanción para el juez
Los legisladores reaccionaron este 12 de diciembre ante la decisión del juez Ruiz de ordenar la restitución de Chalá a su cargo después de haber sido cesada mediante un juicio político.
Henry Cucalón (PSC) señaló que la sentencia muestra “ignorancia supina”. El legislador dijo que los actos legislativos no son susceptibles de acciones judiciales. “Es una resolución írrita y la Asamblea debe apelar. La señora quiere agotar las vías para ir a instancias internacionales”.
El vicepresidente de la Asamblea, César Solórzano (BIN), sostuvo que el juicio político en contra de Chalá y los otros tres miembros del CPCCS respetó el debido proceso y el derecho a la legítima defensa. “Están intentando deshacer (la destitución) pero tienen que entender que la decisión política no tiene nada que ver con la Justicia”.
La asambleísta correísta Marcela Aguiñaga, en cambio, señaló que a la Asamblea no le queda otra opción que acatar lo determinado en la sentencia.
Fuentes de la Asamblea confirmaron que la decisión será apelada ante la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Además, el Legislativo presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura.
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