Con una resolución, la Asamblea quiere llevar a juicio al Presidente

El Pleno de la Asamblea decidirá este martes 9 de mayo de 2023, con una resolución, si hay o no juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Esta es la salida que la mayoría opositora encontró, para tratar de salvar el proceso, después de que el informe de la Comisión de Fiscalización concluyera que no hay causales para el enjuiciamiento.

La sesión será a las 10:45. Allí, uno de los asambleístas opositores presentará una moción para que el Pleno apruebe una resolución que, en resumen, diga que sí hay las pruebas para llevar a Lasso a juicio político en el Pleno.

Con esto, el informe de la Comisión de Fiscalización, que concluye que no hay pruebas del presunto delito de peculado, quedaría totalmente fuera del proceso.

"El informe (de Fiscalización) no tiene efectos jurídicos. Tenía que ser votado en la comisión; se dio la votación, no tuvo los votos, no tiene efecto jurídico", aseguró el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela.

Con ese argumento, Saquicela justificó su decisión de convocar al Pleno para tomar esta decisión. Señaló que, dado que no hubo consenso en Fiscalización, serán los 137 asambleístas los que decidan qué pasa con el juicio político.

Aunque deberán hacerlo apenas con una mayoría simple, es decir, con el voto de la mitad de los asambleístas que mañana estén presentes. Según Saquicela, la ley manda que esa sea la votación para las resoluciones, y así se hará.

De dónde saldrá la motivación

Aprobar el juicio político a Lasso mediante una resolución del Pleno es una opción que no está en la Ley. Sin embargo, la oposición argumenta que es potestad del Legislativo interpretar las leyes.

El problema es que la Ley, cuando habla del juicio político a un Presidente, dice que éste se desarrolla con la motivación del informe de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué motivación se usará para Lasso si el informe queda totalmente desechado?

Según la asambleísta Mireya Pazmiño (ex Pachakutik), una de las proponentes del juicio político, el debate en el Pleno será la motivación. "Tiene que salir una resolución con todas las pruebas que se adjunten y que se recoja en el debate. Ahí se recoge todo lo que digan los 137 asambleístas", aseguró.

Pachakutik sigue esa misma línea. Darwin Pereira, asambleísta de esa bancada, aseguró que la motivación se debe hacer en el Pleno. "No nos puede dar motivando el asambleísta Fernando Villavicencio", sostuvo.

Villavicencio es al presidente de la Comisión de Fiscalización.

Mientras que Wilma Andrade (ID) agrega que la decisión será del Pleno, pero que esa bancada analizará de dónde debería venir la motivación.

Desde el oficialismo, en cambio, cuestionan esta posición. Aseguran que sin informe, es imposible que el presidente Lasso pueda ejercer su derecho a la defensa como debería, pues no hay una motivación clara de lo que lo llevaría a juicio político.

"Bajo la excusa de que esto es político, pretenden con una simple resolución enjuiciar a un Presidente. Sin informe. La Corte Constitucional está vigilante del proceso", aseguró Juan Fernando Flores, jefe de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN).

Según Flores, durante la jornada de este martes revelarán información sobre las negociaciones que rodean este juicio político, y cómo éstas estarían conectadas con la renovación de las autoridades de la Asamblea.

Los argumentos para el juicio político

La moción que sea planteada este martes tiene muchas posibilidades de pasar, pues apenas se necesita el voto de la mitad de los presentes: es decir, hasta 70 votos, que para la oposición son fáciles de conseguir.

De lo que se conoce, el proyecto de resolución que presenten en el Pleno se basará en gran parte en el proyecto de informe que el correísmo intentó pasar -sin éxito- en la Comisión de Fiscalización, el pasado sábado.

Este documento concluía que, "tras el análisis y valoración" de los hechos denunciados, pruebas, comparecencias y demás, existía "la convicción y convencimiento político" de que los actos por los que Lasso es señalado "se enmarcan dentro de la infracción constitucional de

peculado".

Este documento aseguraba que las pruebas reunidas durante el proceso de juicio político comprueban que sí hubo delito de peculado. Se basan en la renovación del contrato entre Flopec y Amazonas Tanker, y en la firma de un nuevo adendo en octubre de 2022.

"Los actos (...) dan cuenta de la responsabilidad política del Presidente de la República, Guillermo Lasso, en la infracción constitucional de peculado, conducta que atenta contra la institucionalidad, la paz, el orden social, la confianza popular, la imagen y el normal y correcto desarrollo en distintos ámbitos del Estado ecuatoriano".

Informe de UNES sobre el juicio político a Guillermo Lasso.

El documento, de 65 páginas, fue propuesto por el asambleísta Comps Córdova (UNES) para modificar el informe de Fiscalización. Sin embargo, el tema nunca fue tratado pues el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, clausuró la sesión.

"Ellos están desesperados. Aquí se puede generar un marco de gravísimas violaciones a la Constitución y la ley", aseguró Villavicencio sobre el uso de este informe correísta.

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