El Legislativo comenzará su vacancia el 15 de diciembre, a pesar de que tiene la presión de aprobar, antes del fin de año, la reforma anticorrupción que es parte de los compromisos con el FMI. También está pendiente la reforma constitucional, que tiene plazos fijos.
Diciembre será un mes casi perdido para la Asamblea. El 15 de ese mes, los legisladores iniciarán la segunda vacancia legislativa del año.
Muchos de ellos ya no regresarán hasta después de las elecciones. La campaña electoral comienza el 31 de diciembre, y los asambleístas que buscan la reelección, deberán pedir licencia para dedicarse a la campaña.
Pero, hay dos temas que el Legislativo necesita tratar urgentemente: la ley anticorrupción y las reformas constitucionales para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana.
La presión del Ejecutivo está de lleno en el proyecto de ley anticorrupción, porque es uno de los requisitos para acceder a USD 2.000 millones que el país necesita que el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolse este año.
Los tiempos son justos, sobre todo, porque hay otras iniciativas que también están en agenda del Pleno. Un ejemplo son las reformas a la Ley de Movilidad Humana, que probablemente tomen más de un día de debate.
Unos 38 asambleístas buscan la reelección, incluido el presidente de la Asamblea, César Litardo. En su ausencia, quedará a cargo del Legislativo el primer vicepresidente, César Solórzano (de la bancada BIN), y de su voluntad dependerá la inclusión de temas en la agenda de los debates del Pleno.
Anticorrupción: demora tras demora
El proyecto de ley anticorrupción está en manos de la Comisión de Justicia, dirigida por José Serrano. Pero, su trámite recién se halla en las primeras etapas, de recepción de comparecencias para el informe de primer debate.
Tener la ley aprobada hasta antes del 15 de diciembre, cuando comienza la vacancia, parece una tarea imposible.
Y su trámite se puede ver afectado, en materia de tiempos, por la iniciativa del procurador, Íñigo Salvador, que entregó “insumos” para el trámite de esa propuesta. Aunque este documento no entró a la Asamblea oficialmente como una ley, hace planteamientos de reformas que los legisladores pueden incluir en el proyecto de ley anticorrupción.
La demora es una culpa compartida. El presidente Lenín Moreno hablaba de la reforma que plantearía la Función Ejecutiva desde inicios de 2020, pero la propuesta recién llegó en marzo, días antes de la declaratoria de estado de excepción por la pandemia.
Luego, la Asamblea se enfocó en otros proyectos prioritarios, como la Ley Humanitaria y las reformas al Código Monetario y Financiero. Desde entonces, el trámite de la reforma anticorrupción ha avanzado a paso lento.
Lo que sí estará listo hasta esa fecha será la Ley de Extinción de Dominio, también relacionada con el tema, que establece el procedimiento para la recuperación de bienes y de dinero vinculados a actos de corrupción. Esta ley, sin embargo, no está entre los acuerdos con el FMI.
La Comisión de Participación Ciudadana, que está a cargo del trámite de esa iniciativa, ya aprobó el informe para segundo debate el 17 de noviembre de 2020. Según el presidente de la Asamblea, César Litardo, será puesto en la agenda del Pleno antes de la vacancia.
En entrevista con Teleamazonas, el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, aseguró que la Asamblea se comprometió a la aprobación de la iniciativa anticorrupción y que, por tanto, el desembolso del FMI se dará. Pero no puntualizó que pasaría si la ley no alcanza a pasar hasta fin de año.
Incumplir los acuerdos con el FMI puede significar que no ocurra el desembolso de fin de año y esto, a su vez, podría generar retrasos en la cadena de pagos del Estado. En diciembre justamente se vienen los pagos del décimo tercer sueldo para los servidores públicos.
Reformas constitucionales, en la cola
La Asamblea tiene menos de un mes para tomar una decisión sobre la reforma parcial a la Constitución que busca eliminar el Consejo de Participación Ciudadana.
Pero enfrenta un problema: hay dos iniciativas en trámite, una enmienda constitucional, que impulsó la misma Asamblea, y una reforma, impulsada por el colectivo ciudadano Comité por la Institucionalización.
La enmienda ha estado en pausa un año, plazo fijado en la Constitución, y el tiempo se cumple en diciembre. Para esa fecha, la Asamblea debe realizar el segundo debate y analizar la propuesta, que en este caso es trasladar las facultades de designación de autoridades del Consejo de Participación (CPCCS) al mismo Legislativo. Esta propuesta no busca eliminar esta institución.
A la par, está la reforma constitucional de iniciativa ciudadana, que en cambio, plantea la eliminación del CPCCS y la transformación de la Asamblea en un organismo bicameral. Esta fue aprobada en primer debate en septiembre, y de acuerdo al mandato constitucional, en tres meses tiene llegar a segundo debate, que se cumplirían en diciembre.
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