Reformas anticorrupción: se acorta el tiempo para cumplir meta con el FMI

En la Asamblea se tramitan dos proyectos de ley de lucha contra la corrupción propuestos por el Presidente Lenín Moreno. La aprobación de estas reformas debe darse antes de diciembre de 2020, como uno de los puntos del acuerdo con el FMI. Mientras tanto, la Procuraduría busca reunir todas estas propuestas en una “codificación” que podría demorar más el trámite.

El acuerdo del nuevo programa de crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Ecuador incluye el compromiso del Gobierno de tener, hasta antes de finales de año, una ley anticorrupción aprobada por la Asamblea. Pero faltando dos meses para que venza el plazo los avances son pocos.

El país acordó con el FMI impulsar una reforma integral, que se ajuste a lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Según el detalle del acuerdo con el FMI, también conocido como capítulo IV, adoptar una legislación anticorrupción “serviría para proteger los recursos públicos, catalizar la inversión privada, promover la creación de empleo e impulsar el crecimiento” del país.

Pero, el fin de año se acerca sin que las dos reformas en materia anticorrupción planteadas por el Presidente Lenín Moreno, en 2020, se hayan movido con rapidez en la Asamblea.

Esto sucede al tiempo que la Procuraduría General trabaja en una “codificación” de todos los proyectos de lucha contra la corrupción que están en trámite en la Asamblea.

La aprobación de la reforma legal es urgente: se trata de uno de los requisitos que el país debe cumplir para recibir un segundo desembolso del FMI, previsto para finales de año, por USD 2.000 millones.

Una codificación de propuestas en camino

El procurador general, Íñigo Salvador, aseguró que la institución tiene lista la codificación de todos los proyectos que existían en el Legislativo en diferentes etapas del proceso legislativo. “El propósito es facilitar el trabajo de la Asamblea”, dijo.

Salvador aseguró que el proyecto de codificación será presentado “en los próximos días”. Sin embargo, ya había anunciado lo mismo en agosto, en una entrevista con PRIMICIAS.

El objetivo de presentar un nuevo proyecto de ley que recoja los que ya están en trámite no es fácil. Ingresar a la Asamblea un nuevo proyecto significaría retardar el proceso, a menos que fuera entregado a los asambleístas como un “insumo”.

Es la técnica que usó el Consejo Nacional Electoral para presentar nuevas propuestas sin demorar el trámite de las reformas al Código de la Democracia, que también estaban contra el tiempo. De esa manera, lograron incluir nuevos temas que no estaba en los proyectos originalmente en trámite.

En todo caso, la Asamblea tiene poco más de dos meses para tramitar la ley y permitir que el Gobierno pueda cumplir con la meta acordada con el FMI.

Los dos proyectos de Moreno están en manos de la Comisión de Justicia, cuyo presidente es José Serrano, que pertenece a Alianza PAIS. Pese a ser miembro del partido oficialista, Serrano es un duro crítico del Gobierno.

11 proyectos en la Asamblea

El presidente Moreno envió, en marzo de 2020, pocos días antes del confinamiento por la pandemia, un proyecto de reforma al Código Integral Penal (COIP) “en materia anticorrupción”.

Meses después, en mayo, envió una nueva propuesta de reforma también al COIP, esta vez enfocada en la corrupción en procesos de contratación pública en emergencia.

Este proyecto llegó después de los escándalos por sobreprecios en la compra insumos médicos en el sistema público de salud, para hacer frente a la pandemia.

No son los únicos proyectos en la materia que la Comisión de Justicia trabaja. En total hay 11 propuestas que se unirían en un solo paquete de reformas a varias leyes, entre ellas el COIP y la Ley del Sistema de Contratación Pública.

Y la Comisión aún está en proceso de recepción de comparecencias, previo a la redacción del informe para primer debate. El 6 de noviembre estaba prevista la presentación de la secretaria jurídica de la Presidencia, Johanna Pesántez, para que hablara sobre los proyectos del Ejecutivo. Pero no asistió y envió un delegado a quien los miembros de la Comisión se negaron a escuchar.

Aparte, está la Ley de extinción de dominio, que se tramita en la Comisión de Participación Ciudadana. Esa mesa legislativa trabaja ya en la redacción del informe para segundo debate, que estaría listo la próxima semana.

Las iniciativas del Ejecutivo

El Ejecutivo espera que el proyecto de reformas que envió en marzo de 2020 marque la pauta para lo que la Asamblea apruebe. Ese texto, en sus antecedentes, habla de las Convenciones de Naciones Unidas contra la Corrupción y el Crimen Organizado.

Las reformas al Código Integral Penal (COIP) incluyen:

Crea la figura de obstrucción de la justicia como delito.
Cambia el delito de tráfico de influencias. Establece que la pena máxima (cinco años de cárcel) se aplicará cuando el servidor público obtenga algún “beneficio económico o inmaterial”.
Reforma la redacción del delito de oferta de tráfico de influencias, para incluir los casos en que los beneficios sean para terceros.
Establece el “deber de denunciar” para todos los ciudadanos que conocieren de la comisión de presuntos delitos contra la administración pública.
Crea la figura de “investigación compleja” para los delitos de tráfico de drogas, los delitos contra la administración pública y otros.

Además está el proyecto enviado en mayo que se enfoca en la contratación pública a través del régimen de emergencias.

Uno de los principales cambios propuestos es que el plazo de duración de toda declaratoria de emergencia no podrá ser mayor a 60 días. Solo en casos excepcionales, las instituciones podrán ampliar ese tiempo “bajo las circunstancias que determine el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop)”.

El proyecto también puntualiza que las contrataciones bajo esta modalidad deberán estar directamente relacionadas con la emergencia. “No se podrá utilizar la emergencia para realizar contrataciones que se encontraban planificadas en la entidad”, dice el documento.