El procurador Íñigo Salvador cumplió dos años de gestión. Una de sus tareas pendientes son los arbitrajes internacionales contra el Estado en los que están en juego, al menos, USD 765 millones, sin contar cuatro casos cuyas pretensiones de indemnización son secretos: Chevron, RSM, Zamora Gold, Aecon.
El principal abogado del Estado, Íñigo Salvador conversa con PRIMICIAS sobre sus dos años al frente de la Procuraduría General, sus logros y los pendientes que aún tiene por delante.
Y cuenta también los entretelones de la fallida negociación con la constructora brasileña Odebrecht y anuncia un nuevo proyecto legal para intentar controlar la corrupción.
Odebrecht, “una lamentable historia”
Odebrecht es un caso que movió a la opinión pública. La constructora brasileña envuelta en un escándalo regional de corrupción se presentó siempre como dispuesta a negociar con el Estado.
La empresa fue acusada de pagar millonarios sobornos a funcionarios públicos a cambio de contratos en el sector público. Tras las denuncias, el presidente Lenín Moreno aseguró que el Gobierno no volvería a contratar con la brasileña. Y, mientras el Estado buscaba el pago de una indemnización, la empresa quería ‘cruzar cuentas’ por varias factura que no le pagaron.
A Ecuador le tomó dos intentos sentarse a negociar y dejarlo por completo para quedarse, de momento, con las manos vacías.
La decisión (de terminar las negociaciones) la tomé yo, y asumo plena responsabilidad por eso.
Íñigo Salvador, Procurador General
Salvador asegura que la actitud de la empresa cambió e insiste en que hubo un intento de extorsión que, en parte, fue denunciado en su tiempo. Ahora cada entidad pública tendrá que seguir los caminos legales para reclamar las reparaciones respectivas.
Además, el procurador cuenta a PRIMICIAS que inmediatamente pidió a la Fiscalía General que realice ciertas diligencias judiciales dentro de la investigación que lleva contra Odebrecht, para “reactivar la investigación penal”.
Lucha contra la corrupción
El procurador envió, el 19 de junio de 2019, a la Asamblea Nacional un proyecto de control previo de legalidad de actos y contratos públicos. Sin embargo, reposa desde entonces en la Comisión de Régimen Económico.
Salvador dice que envió el proyecto porque cree que la eliminación de ese control previo, desde 2008 tiene, en parte, que ver con el auge de la corrupción que apenas se está destapando ahora.
Pero, como muchos otros proyectos anticorrupción, “se ha diluido” en el Legislativo.
De todas formas, el procurador intenta ser optimista. Cree que esta Asamblea aún puede dar un paso a favor de la administración pública y aprobar un gran proyecto anticorrupción antes de concluir funciones, en mayo de 2021.
La Procuraduría, ofrece su titular, presentará en el transcurso de este mes un consolidado de todos los proyectos de ley en la materia que se encontraban varados en el Legislativo. Una especie de Código Orgánico Anticorrupción.
Miles de procesos contra el Estado
Tras dos años en el cargo, Salvador hace un recuento también de la gestión de la Procuraduría en la defensa del Estado en el plano nacional y el internacional.
En el caso nacional, Salvador aclara que el mérito no es exclusivo de la Procuraduría porque, en muchos casos, su labor es de codefensa coordinada con la entidad pública demandada. ¿El resultado general? Lograron evitar, dice, el pago de USD 506 millones en causas contra las instituciones públicas.
De todas formas, aunque las tres cuartas partes de las demandas locales tuvieron un resultado favorable para el Estado, el porcentaje restante representó pagos por USD 39,9 millones.
Pero, pese a que en estos 24 meses se han cerrado más de 15.000 causas contra la administración pública, todavía hay miles de procesos pendientes. El cálculo que hace Salvador bordea los 110.000, sin embargo, cuenta que es necesaria una depuración, para lo cual preparan un mejor sistema interno que les permitiría reducir unas 70.000.
Los arbitrajes y litigios internacionales
El procurador reconoce la importancia de una estrategia de comunicación. Y acepta que es un error no haber manejado bien el tema comunicacional con anterioridad.
Por eso ahora cuenta que, en estos dos años, Ecuador logró cerrar nueve procesos internacionales en su contra.
Pero, hace una evaluación de los casos que quedan pendientes. Son USD 765 millones en demandas internacionales contra el Estado, “por lo menos”, sin contar cuatro casos cuyas pretensiones de indemnización son secretos: Chevron, RSM, Zamora Gold, Aecon.
Uno de ellos es, por ejemplo, la última fase del caso Chevron, cuya pretensión es “sumamente alta”, pero confidencial. Y la Procuraduría trabaja “en reducir todo lo que se pueda el monto de la indemninización que el Estado ecuatoriano tenga que pagar”.
Hasta ahora, no tengo un solo arbitraje que sea resultado de un incumplimiento por parte del Estado durante la actual administración, todos provienen de la anterior.
Íñigo Salvador, Procurador General del Estado
Para defender al Ecuador en cortes internacionales, el Estado ha debido contratar servicios de firmas extranjeras por USD 10,6 millones. Aunque el Procurador dice que se trata de un monto 15% menor al de anteriores administraciones.
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