Según el procurador Íñigo Salvador, Ecuador terminó las negociaciones con la constructora brasileña porque el país no está dispuesto a tolerar una coerción o coacción. Sin embargo, las autoridades siguen sin saber cuál sería el monto de las afectaciones causadas al país.
El titular de la Procuraduría General, Íñigo Salvador, aseguró que las negociaciones con la constructora brasileña Odebrecht, implicada a una trama de sobornos a cambio de contratos, terminaron porque hubo una intención de la compañía de coaccionar o coercionar al Estado ecuatoriano.
Algo que, dijo el abogado del Estado, el país no está dispuesto a tolerar. Por lo tanto, así se lo notificaron a la empresa brasileña, envuelta en un escándalo internacional de corrupción, que la llevó a declararse en bancarrota.
Según el procurador, “es a raíz de la participación del señor Mauricio Cruz, que las cosas comienzan a torcerse” y Odebrecht plantea cuatro condiciones:
- Que el Estado le devuelva lo que le tiene retenido por orden judicial y que corresponde a lo adeudado por las obras ejecutadas por la empresa.
- Que Odebrecht pueda pagar con ese dinero sus obligaciones con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y con sus proveedores, entre ellos los abogados que estaban a cargo de la cooperación eficaz con la Fiscalía General.
- Que el monto sobrante, después del cruce de cuentas, serviría para el pago de la indemnización al Estado.
- Y que la empresa pueda volver a contratar con el Estado.
“Si estas condiciones no se cumplían, Odebrecht sostenía que podría suspender la cooperación eficaz con el Estado ecuatoriano, esta es una coacción, una coerción”.
Íñigo Salvador
Y, por eso, terminaron las negociaciones con la gigante brasileña, dijo el funcionario. Esto pese a que, 40 meses después del escándalo de corrupción internacional, y 11 meses después de iniciadas las negociaciones, las autoridades del país siguen sin saber a cuánto ascendería el monto de la reparación integral.
Por ejemplo, todavía no se determina exactamente cuánto debe Odebrecht al Estado y a sus proveedores privados, así como tampoco a cuánto asciende el perjuicio por los daños causados por los actos de corrupción.
El procurador dice que esa es una tarea difícil y que el incendio de la Contraloría en octubre pasado retrasó el proceso. Además, insistió en que ahora se tomarán los canales legales que debieron tomarse desde el inicio, es decir que cada entidad se encargue de sus investigaciones y procesos: el SRI, la Fiscalía y la Contraloría.
La respuesta de Odebrecht
La constructora respondió esta mañana, a través de un comunicado. Recordaron que desde hace más de tres años buscan a las autoridades para llegar a un acuerdo de reparación “en base a prácticas y convenciones internacionales, de las cuales Ecuador forma parte”.
Y señalan que “la empresa ha logrado alcanzar acuerdos con varios países donde viene colaborando activamente con la justicia y pagando sus obligaciones”. Solo hasta julio de 2019, eran seis países latinoamericanos que ya habían conseguido algún acuerdo económico de reparación.
La empresa recuerda que, solamente, hubo dos reuniones formales, en julio y agosto y que el proceso fue suspendido en octubre.
“A pesar de que la empresa ha intentado continuamente retomar los diálogos, ayer recibimos la notificación oficial de la Procuraduría General del Estado sobre la finalización unilateral de los mismos”.
Nada dicen de las acusaciones de Salvador, sobre la intención de coaccionar al Estado y condicionar la cooperación penal eficaz. Pero afirman que continuarán cooperando con la Fiscalía.
Además, cierran el comunicado advirtiendo que, si el Estado ecuatoriano decide retomar los diálogos, “la empresa se encontrará siempre a su disposición y realizará todos sus esfuerzos para alcanzar dicho acuerdo”.
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