El Estado y la constructora brasileña no encuentran un camino claro para llegar al acuerdo de reparación. La inestabilidad política y ausencia de un marco legal específico frenaron el proceso durante 32 meses. Tras dos reuniones hay pocos avances. Está pendiente, además, ‘un cruce de cuentas’ con los pagos que Ecuador tiene congelados.
Ecuador aspira a ser el séptimo país latinoamericano en firmar un acuerdo de reparación integral con la empresa brasileña Odebrecht implicada en una trama de sobornos a cambio de contratos en toda la región. La constructora empezó a tocar puertas en el país con el mismo propósito desde enero de 2017, después de que Estados Unidos destapara los alcances de la corrupción.
Han pasado 32 meses y no hay acuerdo de reparación. Lo que sí se firmó fue uno de cooperación eficaz con la Fiscalía General, en junio de 2017. Gracias a eso, por ejemplo, los funcionarios de la empresa han dado versiones a la justicia ecuatoriana.
En este tiempo, la empresa ha firmado acuerdos de cooperación y reparación integral con varios de los países afectados, entre ellos seis latinoamericanos. Con los representantes del Estado ecuatoriano ha mantenido dos reuniones en los últimos dos meses.
¿Qué pasó en Ecuador? Hubo dos factores clave que frenaron una posible negociación: la inestabilidad política y la ausencia de un marco jurídico para llevar adelante un acuerdo de reparación de este tipo.
Félix Martins, director de Odebrecht Ingeniería y Construcción (OEC, por sus cifras en portugués), recuerda que durante 2017 y 2018 el cambio de autoridades en la Fiscalía y en la Procuraduría impidió que se pudieran concretar avances.
En Quito no hubo quien los reciba. Los intentos de acercamiento cayeron en manos transitorias o de funcionarios que no tenían la capacidad de responder.
El Procurador General, Íñigo Salvador, confirmó a PRIMICIAS que, desde que ocupa el cargo, hace más de un año, Odebrecht se acercó en varias ocasiones a su oficina para tratar el tema. Pero, dijo, que a él no le correspondía asumirlo.
Y fue así que la negociación no avanzó en absoluto hasta que el presidente Lenín Moreno creó la Secretaría Anticorrupción, con Iván Granda a la cabeza, en febrero de este año.
Entonces, apenas en julio de 2019, se conformó una mesa de negociación entre la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y la Secretaría Anticorrupción para tratar con los representantes de Odebrecht.
El marco legal inexistente
A esto se suma la ausencia de un marco legal. En Ecuador no existe un mecanismo para calcular el monto y la forma de pago de una indemnización o reparación de este tipo. El procurador recuerda que las únicas previstas son aquellas que nacen de sentencias judiciales o de actos contencioso administrativos, como las glosas de la Contraloría.
Mientras en otros países, las negociaciones de cooperación penal las lleva la Fiscalía y las de reparación integral la Procuraduría, aquí se creó una especie de órgano colegiado para el segundo.
Así, cada autoridad es responsable de una parte de la información y no se evidencia aún una centralización que permita avances. Son codependientes. El procurador admite, por ejemplo, que la entidad no tiene la información sobre los contratos de la constructora en el país.
“Esto es curioso porque el Contralor es parte del grupo de autoridades que está hablando con Odebrecht, pero formalmente tiene que ponerse a disposición esa información para que nosotros podamos utilizarla”, aclara.
En la primera reunión que mantuvieron las autoridades y los representantes de OEC se sondearon los ánimos y la predisposición. En la segunda, se presentó información de la Superintendencia de Poder y Control del Mercado y del Servicio de Rentas Internas (SRI), sobre las deudas de la constructora.
Tanto Salvador como Martins coinciden en que tienen buena voluntad para afrontar las negociaciones y ver un avance en el menor tiempo posible. Pero ninguno se atreve a dar una cifra o un monto aproximado de la reparación. Tampoco hay mecanismos de pago a la vista.
No se sabe cómo se va a calcular el daño inmaterial causado por Odebrecht al país. Y la Contraloría tiene que determinar el perjuicio que se dio a través de los millonarios contratos que obtuvo la constructora.
La empresa llegó al país en 1987. Y, según las notas de los estados financieros de la Constructora Norberto Odebrecht, solo desde 2011, la empresa recibió más de 1.300 millones de dólares en contratos y otros 455 millones en cobros y obras complementarias.
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Los tiempos políticos y otros procesos
Como lo señala el procurador, también hay que tener en cuenta los procesos paralelos que Odebrecht enfrenta en Ecuador, como las investigaciones judiciales. El caso Sobornos 2012-2016, por ejemplo, involucra a muchos de los personajes implicados en el pago de coimas. Con esa instrucción fiscal a punto de cerrarse, según Salvador, hay un mejor escenario para avanzar en las negociaciones de reparación.
La Contraloría también continúa levantando glosas que involucran a Odebrecht. Pero, a la vez, las autoridades no van a aceptar ningún acuerdo hasta que no tengan una suma determinada de los daños y perjuicios.
El director de OEC dijo a PRIMICIAS que el proceso es complejo, pero que su objetivo es mantener a la empresa viva; caso contrario, no tiene sentido sentarse a negociar.
En el terreno político, también entran las declaraciones de los funcionarios que no son parte del proceso, directamente. Un claro ejemplo es la cadena de televisión del presidente Lenín Moreno, del 5 de septiembre.
Mientras cuatro instituciones estatales, una de ellas parte de la Presidencia de la República, están sentadas en una mesa de negociación, el Jefe de Estado emitía un mensaje político en contra de Odebrecht: aseguró que mientras “sea presidente, Odebrecht no firmará ningún contrato con el gobierno ecuatoriano”. Lo dijo, pese a que no tiene competencia para decidir quiénes pueden proveer o no servicios al Estado.
Sin embargo, de lo que nadie está hablando es de que el Estado tiene cuentas y pagos congelados de Odebrecht. Por lo que, de alcanzar un acuerdo, se deberá hacer un cruce de cuentas.
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