Consejo de Administración Legislativa, la primera barrera a superar por la ‘megaley’

Política

Autor:

Redacción Primicias

Actualizada:

27 Sep 2021 - 0:05

El pleno de la Asamblea Nacional, el 16 de septiembre de 2021. - Foto: Asamblea.

Consejo de Administración Legislativa, la primera barrera a superar por la ‘megaley’

Autor:

Redacción Primicias

Actualizada:

27 Sep 2021 - 0:05

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) debe decidir qué comisión tramita la Ley de Creación de Oportunidades, pero hay sectores que ya piden su devolución al Ejecutivo.

Una vez que el Ejecutivo formalizó la entrega de la Ley de Creación de Oportunidades empieza el trámite en la Asamblea para su análisis.

La norma lleva la calificación de económico urgente, por lo que el Legislativo solo tiene 30 días para pronunciarse, ya sea para su aprobación o rechazo.

El punto de partida de este trámite se inicia en el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Este organismo está integrado por las siguientes autoridades:

  • La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (Pachakutik)
  • El primer vicepresidente, Virgilio Saquicela, de la oficialista Bancada de Acuerdo Nacional
  • La segunda vicepresidenta, Bella Jiménez, antes de Izquierda Democrática y ahora independiente
  • El primer vocal, Darwin Pereira (PachakutiK)
  • La segunda vocal, Nathalie Arias (Creo)
  • El tercer vocal, Ronny Aleaga, (UNES)
  • La cuarta vocal, Johanna Moreira (Izquierda Democrática)

El CAL toma sus decisiones por mayoría simple, es decir que se requieren mínimo cuatro voluntades para tomar una postura. Llori es la encargada de convocar a las reuniones del CAL y la presidenta de la Asamblea aún no ha cumplido con este primer paso.

Este grupo debe decidir a qué comisión legislativa permanente envía el proyecto de ley para su respectivo trámite.

Esta decisión es fundamental porque las comisiones son las encargadas de elaborar los informes para el primero y segundo debate que pasan al pleno de la Asamblea. 

No hay una norma para definir qué comisión aborda cada ley, todo depende de las consideraciones políticas. Pero las más opcionadas son las comisiones de Régimen Económico, de Desarrollo Económico o de Derechos al Trabajo.

Y luego en el pleno son los 137 legisladores quienes deciden si aprueban o rechazan la ley. En esta instancia el número clave son 71 voluntades. 

Pero si en los 30 días de plazo para tratar el proyecto no hay pronunciamientos, el cuerpo normativo entrará en vigencia a través del ministerio de ley, por ser de carácter económico urgente.

Oposición quiere devolver la ley

Pese a que el proyecto no lleva ni cinco días en la Asamblea, ya hay sectores políticos de oposición que han pedido al CAL que devuelva la ley al Ejecutivo. El argumento es que la norma mezcla en un solo proyecto aspectos tributarios y laborales.

Para ello se amparan en el artículo 136 de la Constitución, el cual establece que “los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia”.

En febrero de 2021, la anterior asamblea tomó una decisión de este tipo con el primer proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización que envió el entonces presidente Lenín Moreno.

Si ahora el Legislativo devuelve esta ‘megaley’ económica, el reloj volvería a cero, es decir que los 30 días de plazo correrán nuevamente cuando el Ejecutivo reenvíe el proyecto corregido.

Del lado del Gobierno rechazan las voces de oposición, y por ello en el proyecto enviado indican que la ley “es necesaria porque mira las dos caras de una misma moneda”, en referencia al desempleo y la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19 y el endeudamiento en administraciones anteriores.

Además se especifica que “no existe restricción ni reserva constitucional o legal que obligue a tratar los asuntos laborales bajo un único cuerpo normativo”.

Incluso se asegura que no es la primera que un gobierno plantea una ley de urgencia económica atada a situaciones de la legislación laboral. Pone de ejemplo lo sucedido con las leyes de Defensa de los Derechos Laborales, y de Promoción del Trabajo Juvenil. Ambas fueron presentadas por el expresidente Rafael Correa en 2012 y 2016 respectivamente, y luego aprobadas en el Legislativo.

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