Jueves, 28 de marzo de 2024

Las Torres: Fiscalía pide 13 años de cárcel para Pablo Celi y Pablo Flores

Autor:

Mario Alexis González

Actualizada:

7 Dic 2022 - 16:40

Luego de 44 días de audiencia, el juicio del caso Las Torres por delincuencia organizada entra en su recta final. La Fiscal Diana Salazar presentó sus alegatos de cierre y pidió sentencias para 11 procesados.

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Autor: Mario Alexis González

Actualizada:

7 Dic 2022 - 16:40

Audiencia del caso Las Torres. Quito, 7 de diciembre de 2022 - Foto: Primicias

Luego de 44 días de audiencia, el juicio del caso Las Torres por delincuencia organizada entra en su recta final. La Fiscal Diana Salazar presentó sus alegatos de cierre y pidió sentencias para 11 procesados.

Dieciocho horas más durará la audiencia de juicio del caso Las Torres. En este tiempo, la Fiscalía, Procuraduría, la Contraloría y los abogados de los 12 acusados presentarán sus alegatos de cierre.

El Tribunal, presidido por el juez Walter Macías, dispuso que los acusadores (Fiscalía, Procuraduría y Contraloría) tendrán 120 minutos cada una para intervenir. Mientras que los 12 procesados tendrá cada uno una hora.

Al final, los magistrados suspenderán la audiencia por última vez. Y convocarán en una nueva fecha para dar a conocer la sentencia.

El pedido de la Fiscalía

La primera en intervenir fue la fiscal General Diana Salazar. La funcionaria empezó señalando que, durante el juicio, "no ha quedado duda de la supremacía que tenía el beneficio propio sobre el bien público" de parte de los procesados.

Según Salazar, así se conformó esta supuesta estructura criminal y con base en estos roles solicito las penas a los jueces:

Líderes: Como autores, la Fiscalía pidió el máximo de la pena más agravantes, es decir, 13 años y cuatro meses de cárcel. Y el pago 40 salarios básicos como multa.

  • Pablo Flores, exgerente de Petroecuador.
  • Pablo Celi, excontralor General subrogante.

Colaboradores: Siete años de prisión y pago de 20 salarios como multa. A excepción de Cárdenas y Orellana, quienes por ser funcionarios públicos tienen agravantes, y la pena sería de nueve años y cuatro meses de cárcel.

  • Adolfo Agusto, hermano del exsecretario de la Presidencia.
  • Natalia Cárdenas, exasesora de Flores en Petroecuador
  • Esteban Celi, hermano del excontralor.
  • Álvaro De Guzmán, experto en bolsa y movimientos financieros, quien habría asesorado a los integrantes del grupo en cómo esconder el dinero.
  • Andrés Luque, quien prestó su cuenta a los hermanos Agusto para cobrar el dinero de las coimas.
  • Daniel Orellana, exgerente de Comercio de Petroecuador, quien ordenó los pagos a Nolimit.
  • Angelo López, representante de los hermanos Agusto para recibir el dinero de los sobornos.
  • Silvana Rodríguez, madre de López.

Colaboradora eficaz

  • Martha Barrezueta, esposa de Roberto Barrera, sentenciado por este caso de Estados Unidos, seis meses de cárcel.

Además, la Fiscalía pidió el pago de una reparación de USD 4 millones al Estado por parte de los acusados. Y otras medidas inmateriales cómo la colocación de una placa en la Secretaría General de la Presidencia.

También dispuso el pago adicional de USD 500.000 a Pablo y Esteban Celi, por concepto de un valor recibido de Nolimit para el desvanecimiento de glosas. Y de USD 336.000 a Pablo Flores también por dineros recibidos de esa empresa.

Las pruebas de la Fiscal

Salazar aseguró que la teoría del caso es el cobro de sobornos por parte de los miembros de la estructura a cambio del pago de facturas y el desvanecimiento de glosas a favor de la empresa Nolimit, proveedora de Petroecuador.

Estructura del caso Las Torres, según la Fiscalía

Estructura del caso Las Torres, según la Fiscalía Fiscalía

Esta premisa, según la funcionaria, se demostró con los testimonios de Raúl de la Torre y Roberto Barrera, quienes eran los emisarios de los procesados para gestionar los sobornos y que fueron sentenciados en Estados Unidos por lavado de activos.

Así como de José Luis de la Paz y Pedro Crespo, altos cargos de Nolimit, quienes también colaboraron con Estados Unidos y recibieron sentencias menores.

Por ejemplo, a través de sus testimonios, se indicó que el origen de las coimas fue el pago de una factura de USD 20 millones que se le debía a Nolimit. Y que a cambio Flores, De la Torre, Barrera y los hermanos Celi exigieron el 20% del total de la factura.

Ese acuerdo se concretó y, por tanto, esa factura, pese a no estar dentro del flujo de caja de Petroecuador se pagó en tres días desde su presentación, el 13 de mayo de 2019.

Para llegar a este acuerdo, De la Torre y Barrera, en su rol de emisarios, se reunieron cuatro veces con los directivos de Nolimit. Incluso, la primera cita se dio en una oficina de Pablo Flores, en Quito.

Las otras reuniones, según la investigación de la Fiscalía, se realizaron en Miami, Estados Unidos. Y las dos últimas fueron monitoreadas por las autoridades de ese país, ya que los líderes de Nolimit ya habían firmado un acuerdo de cooperación.

En uno de esos viajes, De la Torre y Barrera fueron detenidos con dinero en efectivo. De la Torre es sobrino de los hermanos Celi. Aunque en la audiencia, ambos negaron una relación familiar. La fiscal Salazar, en cambio, dijo que los Celi abandonaron a su sobrino y lo utilizaron.

El caso

En el caso Las Torres se persigue un presunto delito de delincuencia organizada. Según la teoría de la Fiscalía, entre 2017 y 2020, en Petroecuador, la Contraloría y la Secretaría General de la Presidencia funcionó una estructura criminal.

Esta presunta organización se dedicó a la gestión y cobro de sobornos a contratistas del Estado, como Nolimit, a cambio del pago de facturas atrasadas y el desvanecimiento de glosas.

Inicialmente, el caso empezó con 16 vinculados. Pero en el camino se redujeron cinco nombres:

  • En mayo de 2021, el exsecretario de la Presidencia, José Agusto Briones, murió en la Cárcel 4 de Quito en un presunto suicidio.
  • Además, la Fiscalía no encontró indicios para acusar a Marco Flores y Elsie Cueva, padres de Pablo Flores (exgerente de Petroecuador) Por lo que solicitó que se los excluya del caso y se dicte un auto de sobreseimiento.
  • Pedro Saona, tío político de Esteban Celi, estaba prófugo cuando se inició el juicio por lo que su juzgamiento aún no se ha iniciado.
  • Roy Calero, empresario que había prestado sus cuentas para el cobro de las coimas, quien no está prófugo.