Las investigaciones de la Fiscalía revelan que el asambleísta Daniel Mendoza tenía contacto con el fiscalizador y el constructor del Hospital de Bahía de Caráquez. La coordinación se hacía por chat y Mendoza recomendó nombres de trabajadores para la construcción.
La injerencia del asambleísta aliado de Alianza PAIS, Daniel Mendoza, en la construcción de obras en Manabí no se fue solamente en Pedernales y su hospital. Las investigaciones de la Fiscalía a los teléfonos de los detenidos en esta trama de corrupción revelan que también está detrás de la construcción del Hospital de Bahía de Caráquez.
Los chats encontrados por la Fiscalía demuestran la cercanía entre Mendoza y Franklin Calderón Cedeño. Calderón, también detenido, es una especie de operador de Mendoza: incluso lo llama “jefe” y le rinde cuentas.
En sus conversaciones, la Fiscalía encontró una foto de Calderón y Mendoza juntos en la oficina del asambleísta.
El trabajo de Calderón en esa coordinación no se limitaba a gestionar la construcción del fallido Hospital de Pedernales. Él es también parte de la empresa Joalnapi S.A., a la que se adjudicó el contrato para la fiscalización de la construcción del Hospital de Bahía.
Además, se encargó de negociar con la empresa constructora del Hospital, el Consorcio Bahía, la contratación de personal para la obra.
Los vínculos entre Calderón y Joalnapi S.A.
En julio de 2019, el Servicio de Contratación de Obras (Secob) comenzó el proceso de contratación de la fiscalización de la construcción del Hospital de Bahía Miguel H. Alcívar.
Para esa fecha, aún no se había firmado el contrato para la construcción del Hospital. Como reveló PRIMICIAS, ese proceso estuvo plagado de irregularidades y se llevó adelante a pesar de que el Servicio de Contratación Pública (Sercop) pidió que se declarara desierto.
En total, 12 empresas participaron por el contrato, pero 11 fueron descalificadas por “errores insubsanables”.
El informe de calificación de ofertas está firmado por tres miembros de la comisión. Entre ellos se encuentra Jenniffer Cobeña, también involucrada en la trama de corrupción del Hospital de Pedernales y en la construcción del Hospital de Bahía.
Cobeña también es la administradora de este contrato. Según la Fiscalía, chateaba con Calderón y José Véliz, constructor del Hospital de Pedernales.
El 20 de agosto de 2019, el proceso se adjudicó a Joalnapi S.A. por USD 1,27 millones. Y el contrato para la fiscalización se firmó un día después, el 21 de agosto.
El anticipo, correspondiente al 50% del valor del contrato (USD 633.315), se pagó el 25 de octubre de 2019. Fue depositado en la cuenta de BanEcuador de la empresa.
Joalnapi S.A. tiene dos accionistas: Vinicio Calderón Rendón y Yimy Calderón Velasquez, ambos familiares de Franklin Calderón Cedeño. Pero, es Franklin quien se encargaba de la obra y mantenía las reuniones.
Franklin Calderón (izquierda), en un recorrido por las obras del Hospital de Bahía junto con el concejal de Sucre, Marcelo Hurtado, el 8 de febrero de 2020. Instagram Marcelo Hurtado
De hecho, Franklin Calderón fue accionista de la empresa entre 2008 y 2017, según información de la Superintendencia de Compañías. También fue el gerente, en esos mismos años.
También aparece como exaccionista en otras cuatro empresas, junto con su padre, Vinicio Calderón. Entre los socios de Calderón en estas firmas está Olga Macías, también vinculada en la trama de corrupción de Pedernales.
Las gestiones de Franklin Calderón
Las “gestiones” de Calderón fueron más allá de la fiscalización de la construcción del Hospital de Bahía, como miembro de la empresa Joalnapi S.A. Su cercanía con el legislador Daniel Mendoza hizo que tenga injerencia también en la construcción de esa casa de salud.
La Fiscalía encontró un chat entre Mendoza y Calderón, en el que hablan de un grupo de personas para trabajar en una construcción:
Chats del caso Hospital de Pedernales presentados por la Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos. Satje
El reporte de la Fiscalía, donde se encuentran estos chats, se usó como evidencia en la audiencia de formulación de cargos contra Mendoza.
Según este informe, Calderón reenvió el listado de Mendoza a un contacto con el nombre “Superintendente Juan Sebastián Miño”. En el chat, le pide el reintegro de unos trabajadores.
Chats del caso Hospital de Pedernales presentados por la Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos. Satje
Juan Sebastián Miño es uno de los accionistas de Castro & Castro Constructora y, hasta marzo de 2020, fue su gerente general. Esta empresa y RHR Rock & Hydro Resources conformaron el Consorcio Bahía, que ganó la licitación para la construcción del Hospital de Bahía a pesar de las denuncias en su contra.
Un contratista con historia
Según la prensa manabita, Franklin Calderón Cedeño tiene un historial de contratos con el Estado y de incumplimientos también.
Estuvo a cargo del alcantarillado de Junín (Manabí) en 2012 y debió devolver el anticipo. También fue adjudicado un contrato para la construcción de viviendas en La Piñuela, en el cantón Tosagua (Manabí), que no llegó a concretarse. Lo mismo sucedió con unas casas en Montalvo (Esmeraldas), en donde el Ministerio de Vivienda comenzó un proceso legal.
De hecho, Calderón Cedeño está registrado como contratista incumplido en el Sercop. Es por esta razón que transfirió las acciones de sus empresas a sus familiares, lo que les permite contratar con el Estado.
Franklin Calderón consta como proveedor incumplido en el portal de Sercop, y tiene prohibido contratar con el Estado hasta diciembre de 2020. Captura de pantalla
Una de las empresas en las que figuraba como accionista también consta como proveedor incumplido. Se trata de la empresa Boacontruct S.A., de la que fue accionista y gerente entre 2015 y 2017.
Actualmente, la gerente de Boaconstruc es Liliana Zambrano Macías, esposa de Calderón, mencionada por Fiscalía como la gestora del dinero del Hospital de Pedernales.
El proceso por el que Boaconstruc fue declarada contratista incumplido fue la construcción de la Unidad Educativa Réplica Nicolás Infante Díaz, en Quevedo (Los Ríos), en 2016. El contrato estaba a cargo del Instituto de Contratación de Obras (ICO), que luego se convirtió en el Secob, por USD 2,5 millones.
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