El miércoles 28 de octubre de 2020, en la Corte Nacional de Justicia, se reinicia la audiencia de juicio del caso Singue que investiga presuntas irregularidades en la concesión de un campo petrolero a manos privadas.
¿Hubo o no perjuicio para el Estado? Esa es la pregunta entorno a la que gira el juicio, por presunto peculado, en el denominado Caso Singue.
En la audiencia de juicio solo resta la presentación de dos testigos y 30 pruebas documentales de Silvana Pástor, una de las 15 procesadas. Luego las defensas de los acusados, la Fiscalía y la Procuraduría expondrán sus alegatos de cierre.
Y, finalmente, el Tribunal tendrá que deliberar sobre los hechos y las pruebas presentadas en el juicio. Deberá determinar si hubo perjuicio para el Estado. Y si los 15 acusados son culpables del delito de peculado.
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), para que se configure este delito, los acusados debieron actuar en beneficio propio o de terceros y en perjuicio del Estado.
Por esta razón, los procesados tratan de desestimar la acusación de la Fiscalía con, principalmente, tres argumentos.
- No tuvieron poder decisión en la adjudicación del contrato.
- Su patrimonio no se incrementó a raíz de esa negociación petrolera.
- El Estado tuvo millonarias ganancias por la adjudicación del campo petrolero.
¿Hubo perjuicio?
El caso se inició por un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) emitido por la Contraloría.
Campo Singue, en la Amazonía ecuatoriana. El Telégrafo
Según el documento, las autoridades y funcionarios de Gobierno que estuvieron al frente de la negociación para la adjudicación del contrato para la explotación del campo petrolero Singue, en la Amazonía ecuatoriana, calcularon mal la tarifa por barril.
De esta manera, según la Contraloría y la acusación fiscal, se benefició a la empresa que ganó el contrato: el Consorcio DGC. Además, se inobservaron inconsistencias en la oferta presentada por la compañía.
La Fiscalía dice que esta operación causó un perjuicio de USD 28,4 millones para el Estado.
Sin embargo, la defensa de la mayoría de procesados argumenta lo contrario: el país se ha beneficiado de cuantiosas ganancias y no ha invertido nada, dicen los abogados.
En solo seis de los 20 años, este contrato ha generado beneficios para el Estado que superan los USD 400 millones, según el cálculo de la empresa que maneja el Campo Singue.
También se ha mencionado en el juicio que este campo fue explotado por Petroecuador, desde 1991 hasta 1997 y fue cerrado por su baja producción que bordeaba los 40 barriles diarios. Y, desde 1997 hasta su adjudicación en 2012, el campo permaneció abandonado y no generó ingresos.
Los argumentos
A continuación, PRIMICIAS le presenta una síntesis de los argumentos presentados por los procesados durante el juicio:
Ayer, se sumó un nuevo argumento al proceso, desde el lado empresarial privado. La Comisión Petrolera de la Cámara de Comercio de Quito (Competro), que no es parte del juicio, mostró su preocupación por lo que ocurre a nivel penal con el Caso Singue.
“Más allá de las razones o motivaciones (…) nos preocupa el hecho de desconocer la validez de un contrato o de los contratos de prestación de servicios, que el propio Estado propuso en su momento a compañías e inversionistas extranjeros”, dijo la Comisión en una carta abierta.
Además, recordó que el contrato por la explotación del Campo Singue es igual, en su estructura y normativa, a más de 20 contratos entre el Estado y otras empresas privadas.
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