La audiencia de juicio del caso Singue, por un presunto delito de peculado, llega al quinto día. Los procesados y sus defensas se quejan de supuestas fallas procesales.
Apenas se reinició el juicio, el lunes 12 de octubre de 2020, e incluso desde el momento de su convocatoria, empezaron las dudas de abogados y procesados.
La primera y más recurrente: el riesgo de que, durante el juicio, se cometan violaciones al debido proceso. Esto porque la diligencia se desarrolla con un método combinado entre presencial y telemático.
En el arranque de la audiencia, por ejemplo, varios peritos y testigos de la Fiscalía se conectaron vía telemática. Según abogados de la defensa de los 15 procesados, escucharon parte de los alegatos de apertura de la Fiscalía aunque eso está prohibido por la ley.
Generalmente, antes de la pandemia, los testigos y peritos permanecían aislados en una sala adjunta e ingresaban a la sala de juicio solo cuando eran llamados a declarar.
Ante esta situación, el Tribunal de la Corte Nacional solicitó un análisis informático para determinar el momento de la conexión de los peritos y testigos y responder al pedido de la defensa para excluirlos.
Tribunal de juzgamiento del caso Singue, durante la reinstalación del juicio, el 12 de octubre de 2020. CNJ
Sin embargo, el informe no pudo identificar la hora de conexión. Y los testigos no fueron excluidos.
El juicio se disputa en redes
Por el Covid-19, desde marzo de 2020, las audiencias son reservadas para las partes procesales. Medios de comunicación y público en general tienen prohibido asistir a los juzgados y cortes.
Sin embargo, en el caso Singue el juicio se lleva también a través de las redes sociales. Abogados, cuentas especializadas e instituciones públicas delinearon estrategias de comunicación para posicionar sus ideas.
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Abogados
Abogados que participan en la defensa de los 15 procesados comentan, en Twitter, casi en tiempo real lo que va ocurriendo en el juicio con sus críticas y apreciaciones.
Pablo Encalada, por ejemplo, es abogado de cuatro procesados. Se trata de los integrantes del equipo de calificación y negociación para la adjudicación del caso Singue. Él considera que mientras más públicas sean las audiencias hay mayor control social.
Incluso, llegó a compartir el enlace de la audiencia para que más gente se conecte. Pero, el ‘anfitrión’ de la sala no admitió a todos.
Paúl Ocaña, José Molina y Juan Pablo Albán, también abogado de los acusados, han dejado ver en sus redes sociales su malestar por cómo va transcurriendo el juicio.
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Cuentas especializadas
Al menos dos cuentas de Twitter siguen permanentemente el juicio. Incluso, publican minuto a minuto lo que ocurre en la sala de audiencias.
La primera se llama Caso Singue y está relacionada con la defensa de Silvana Pástor, hija del exministro Wilson Pástor, también vinculado al caso. Ella es funcionaria de la empresa que está a cargo de la explotación del campo petrolero Singue y también es procesada.
También está la cuenta Justicia Minuto a Minuto, que sigue los casos de mayor impacto social. Ha ganado notoriedad durante la emergencia porque que los medios tradicionales no tienen acceso a los juicios.
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Cuentas institucionales
Al igual que en el caso Sobornos 2016 – 2016, que investigó el financiamiento ilegal que recibió la agrupación política Alianza PAIS, aunque con menor intensidad, la Fiscalía General del Estado ha desarrollado una estrategia de comunicación en redes sociales para apuntalar su teoría del caso.
El caso Singue y las pruebas
El caso se centra en las supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato para la extracción de petróleo en el campo Singue, durante el Gobierno de Rafael Correa.
Según la Fiscalía, los 15 procesados cometieron peculado. El perjuicio se habría producido al fijar un precio de USD 33,5 por barril producido, es decir, menor al valor de la oferta inicial y que para llegar a esa cifra no se tomó en cuenta el 100% de las reservas probadas del hidrocarburo para este campo petrolero.
Campo Singue, en la Amazonía ecuatoriana. El Telégrafo
Estos hechos habrían provocado un perjuicio para el Estado de aproximadamente 28,4 millones de dólares.
En los cuatro primeros días del juicio, la Fiscalía, la Procuraduría y los acusados presentaron sus alegatos de apertura. Y el Ministerio Público empezó la presentación de sus testigos.
El primer testigo de la Fiscalía, por ejemplo, fue la funcionaria de la Contraloría General del Estado que lideró el equipo que hizo la auditoria en la que se basa el caso.
Los abogados cuestionaron su trabajo. Durante el contrainterrogatorio se determinó que al momento del examen, la funcionaria no tenía título universitario en auditoría, ni tampoco experiencia en contratos petroleros.
Otro momento que generó reacciones fue durante el tercer día. Uno de los testigos de la Fiscalía, un ingeniero geólogo, quien estableció la existencia de petróleo en el campo en 70 millones de barriles explotables, aproximadamente.
Sin embargo, según los abogados, durante su interrogatorio y el de Iván León, presidente del Tribunal, el perito indicó que el cálculo “se hizo a ojo de buen cubero“.
En este caso, entre otras personas, están siendo juzgados el exvicepresidente Jorge Glas y los exministros Carlos Pareja y Wilson Pástor. Todos se enfrentan a una sentencia de 13 años de cárcel.
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