La Fiscalía y al menos cuatro procesados despliegan una campaña comunicacional para fortalecer su teoría del caso, que está en etapa de apelación.
El 24 de junio comenzó la audiencia de apelación a la sentencia de primera instancia en el Caso Sobornos 2012-2016.
A inicios de febrero de 2020, el mundo político y judicial ecuatoriano se centraba en el Caso Sobornos 2012-2016. Y el 10 de ese mes empezó el llamado ‘juicio del siglo’.
Los medios de comunicación desplegaron una cobertura especial durante los 13 días que duró el juicio, que tenía como protagonista al expresidente Rafael Correa.
A través de sus redes sociales oficiales, la Fiscalía General del Estado también entró en el campo comunicacional para posicionar su teoría del caso.
Día a día, en Twitter y en su web institucional, el Ministerio Público ha difundido vídeos, animaciones e infografías con detalles del caso. Algo inédito en la historia judicial ecuatoriana.
#ATENCIÓN| #CasoSobornos 2012-2016: comparecieron, además, los peritos que verificaron los escenarios en los que se habría desarrollado el entramado de sobornos que se juzga en este caso. Entre estos, oficinas de los empresarios acusados e instituciones del Estado. #FiscalíaAlDía pic.twitter.com/AUekGpq3dY
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 18, 2020
Durante el juicio, en el mismo edificio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el equipo de comunicación de la Fiscalía montó una suerte de centro de operaciones desde donde se producían y publicaban las piezas de audiovisuales.
El trabajo fue hecho por funcionarios de la misma entidad. En los registros de la Fiscalía y del Servicio de Contratación Pública no hay contratos listados para esta labor.
Los sentenciados respondieron
El componente comunicacional del caso Sobornos 2012-2016, sin embargo, no llegó únicamente de la Fiscalía.
Los procesados también contrataron especialistas en el área y desarrollaron campañas para difundir sus argumentos.
En el mismo juicio, a la par de la campaña de la Fiscalía, el correísmo que tiene a varios de sus líderes en el proceso, entre ellos el propio Rafael Correa, desarrolló una serie de mensajes para desmontar la teoría de la acusación.
Por ejemplo, este sector político intentó desacreditar el trabajo de la perito Alexandra Mantilla, quien descifró el funcionamiento de la estructura criminal.
Asambleístas, exfuncionarios y los propios sentenciados del correísmo difundieron una serie de videos en contra de Mantilla, aprovechando que la perito permitió que la grabaran mientras entrevistaba a Alexis Mera, el otrora poderoso exsecretario jurídico de Correa.
Una vez comunicada la sentencia, que condenó a una pena de ocho años a 18 personas, incluyendo a Correa y a varios empresarios que entregaron los sobornos, otros actores del caso también recurrieron a las redes.
En Twitter, por ejemplo, se creó el perfil Teodoro Calle es inocente, que defiende al principal accionista de la empresa Técnica General de Construcción (TCG).
Según la Fiscalía, esta empresa obtuvo 14 contratos con el Estado entre 2012 y 2013, a cambio de los cuales entregó USD 296.261 en sobornos al Gobierno.
Bolívar Sánchez, accionista de Sanrib, otra de las firmas investigadas, desarrolla una campaña en el perfil Justicia para Bolívar.
Lo mismo ocurrió con Édgar Salas, directivo de Consermin. A través de las cuentas de sus abogados se difunden videos producidos para reforzar los argumentos para la apelación de la sentencia.
El caso
El proceso se encuentra en la penúltima etapa antes de que se ejecute la sentencia de ocho años de cárcel para la mayoría de los procesados.
El miércoles 24 de junio se instaló la audiencia de apelación solicitada por los 20 sentenciados.
Sin embargo, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) resolvió suspender de inmediato la diligencia para que los abogados de los procesados pudieran revisar la sentencia íntegra para no vulnerar su derecho a la defensa.
Luego de que se decida la apelación, y en caso de que se ratifique la sentencia, los acusados todavía podrán presentar un recurso de casación antes de que la pena se ejecute.
Además de las implicaciones judiciales, el caso tiene repercusiones políticas. Del tiempo que demore en salir una sentencia en firme dependerá que Rafael Correa pueda ser candidato en las elecciones presidenciales y legislativas de 2021.
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