Ecuador tiene un déficit de al menos 573 fiscales. Esta falta de funcionarios judiciales y de recursos económicos complican el trabajo de la Fiscalía y la resolución de los procesos.
Desde que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en agosto de 2014, la Fiscalía recibió 2,2 millones de denuncias. Esa cifra corresponde hasta diciembre de 2020.
Pero muy pocos de esos casos han avanzado en las investigaciones. Y, en menos procesos se han dictado sentencias.
Según los datos de la propia Fiscalía, el 89,2% de los procesos sigue en indagación previa. En esta etapa los casos se mantienen en reserva y sirve para que los fiscales recaben los indicios, que les permiten formular cargos en contra de los sospechosos.
Solo en el 10,8% de los casos, la Fiscalía ya consiguió formular cargos y los procesos avanzaron. De los casos que avanzaron, la mayoría se encuentra en etapa de juicio. El resto sigue en investigación y en la etapa intermedia.
¿Por qué no avanzan los casos judiciales? El trabajo de la Fiscalía está limitado por distintas variantes. Una de las más importantes es el déficit de agentes fiscales. Ecuador cerró 2020 con una tasa de 4,70 fiscales por cada 100.000 habitantes.
No alcanzan los fiscales
Diana Salazar, fiscal General del Estado, hizo público este lento proceso de resolución de los casos judiciales. Lo presentó en su rendición de cuentas correspondiente a 2020, con el fin de alertar sobre la falta de fiscales.
La tasa recomendada para Latinoamérica es de ocho fiscales por cada 100.000 personas. Y en el mundo la tasa es de 12 agentes.
En lugar de avanzar, Ecuador ha ido retrocediendo en este tema. En 2018, la tasa era de 5,01. Y en 2020 se redujo a 4,70.
Según la Fiscalía, en 2020 el Consejo de la Judicatura (CJ) designó solo a ocho agentes fiscales. Esto no ayudó para superar el déficit de 573 fiscales.
Concursos fallidos
En 2018, la Judicatura -presidida por Gustavo Jalkh- había convocado a dos concursos de méritos y oposición para la designación de fiscales provinciales y para la formación de carrera fiscal. Casi tres años después los procesos no se concretaron.
La actual administración del CJ respondió que esos procesos fueron declarados nulos. Esto ocurrió debido a las observaciones de la Contraloría, el Consejo de Participación Ciudadana e informes jurídicos de la propia Judicatura. Tampoco se han convocado a nuevos procesos.
Ante los constantes requerimientos de fiscales, la Judicatura ha recordado que la Fiscalía es responsable de gestionar ante el Ministerio de Finanzas las partidas presupuestarias, su creación y financiamiento.
Más casos, menos plata
Pero el problema de la Fiscalía no termina en los fiscales. Hay también problemas económicos. Desde 2014, la entidad ha enfrentado rebajas de presupuesto.
En 2014, la entidad recibió USD 153,8 millones de asignaciones presupuestarias. El monto bajó a USD 138,8 millones en 2020. Y en 2021 la asignación anunciada es ligeramente superior.
Pero ese aumento de más de USD 1 millón es insuficiente. La Fiscalía asume cada vez más causas. En 2018 y 2019, la entidad recibió un promedio de 343.211 denuncias.
En 2020, la cantidad de denuncias se redujo a 268.398. Esto se debe, principalmente, al período de confinamiento y restricciones por el Covid-19. Se espera que en 2021, la cifra vuelva a la normalidad.
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