Casos penales por el paro de octubre sin resultados

82 días después de finalizado el paro nacional de octubre de 2019, la Fiscalía no ha mostrado avances en las investigaciones.

Al menos cuatro casos penales se desprendieron de las violentas manifestaciones, en contra de las medidas económicas del Gobierno.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla 29 artículos, sobre delitos contra la seguridad pública, que son los relacionados a este tipo de eventos. En el capítulo sexto de la norma se tipifican, entre otros: rebelión, destrucción o inutilización, sabotaje o paralización de un servicio público.

Luego de las protestas, la Fiscalía identificó al menos 17 delitos penales que pudieron cometerse. En total 312 personas fueron investigadas.

Dentro de estos casos, además de los delitos asociados a las protestas, se incluyeron los expedientes por robos debido a los saqueos y desmanes ocasionados en esos días.

En medio de estos procesos resaltan cuatro:

Rebelión

Aunque no han sido vinculados al caso de rebelión -en el que están imputados Paola Pabón y Virgilio Hernández-, Gabriela Rivadeneira, Edwin Jarrín, Luis Molina, Tania Pauker y Luis Flores deberán rendir sus versiones el 21 de enero. Ellos están refugiados en la embajada de México, en Quito.

Si bien este es el caso que más repercusiones tuvo en la opinión pública, es también el que más le ha costado sostener a la Fiscalía.

El proceso se inició con una investigación por promover, ayudar y sostener un movimiento armado para alterar la paz del Estado.

Sin embargo, en medio de la instrucción fiscal, la Fiscalía reveló que no encontró los indicios suficientes para mantener ese tipo penal y tuvo que quitar los agravantes.

Se conservó la investigación por una supuesta rebelión, pero ahora solo se habla de acciones violentas para desconocer o derrocar al Gobierno.

En este caso son investigados la prefecta de Pichincha Paola Pabón, el exasambleísta Virgilio Hernández y sus colaboradores Christian González y Pablo del Hierro.

Los tres primeros, luego de la reformulación de cargos, fueron liberados por la jueza Patlova Guerra.

Ahora, mientras las investigaciones por el paro continúan, deben presentarse todos los lunes ante la Fiscalía de Pichincha. Portar un grillete electrónico. Y no pueden salir del país.

Aunque hubo una reformulación de cargos, la magistrada negó la ampliación de la instrucción fiscal. Por lo que las investigaciones seguirán hasta el 12 de febrero, como ya se había establecido.

Solo después de este período, se conocerá si la Fiscalía tiene los elementos necesarios para acusar a los procesados y pedir a la jueza que los llame a juicio. Caso contrario, el dictamen abstentivo archivaría el caso.

Incendio de la Contraloría

Los desmanes en el edificio de la Contraloría tampoco tienen responsables aún. La Fiscalía procesó a 27 personas por el incendio y destrucción de los bienes y documentos de la entidad.

Luego de una reformulación de cargos, las investigaciones se enmarcaron en un concurso ideal de infracciones, por sabotaje, paralización de servicio público y destrucción de registros.

La instrucción fiscal de este caso terminó en los últimos días de diciembre. Pero, las autoridades judiciales todavía no han convocado para la audiencia en la que se conocerá si los procesados son acusados o si la Fiscalía se abstendrá.

Dentro de los investigados, según los registros de la Policía y la autodeterminación de ellos, 14 eran indígenas que participaron en el paro.

Cinco de ellos son defendidos por el Centro de Derechos Humanos, adscrito a la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

José Valenzuela, abogado de la entidad, dijo que todos los procesados han participado en todas las diligencias pedidas por la Fiscalía, incluso en la reconstrucción de los hechos.

Según el expediente, que es reservado, el abogado considera que la Fiscalía General no tiene elementos para acusarlos de los delitos que se investigan.

Líderes indígenas

A diferencia de los casos por rebelión y por el edificio de la Contraloría, los procesos que se siguen en contra de los líderes indígenas por su participación en el paro no han podido avanzar por la negativa de los procesados.

El primer caso es por el delito de instigación, denunciado por el activista Marcelo Hallo. En ese caso fueron procesados Jaime Vargas, Leonidas Iza y Rafael Pandam. Ninguno asistió a rendir su versión libre y voluntaria.

Todavía no sea ha confirmado la fecha para el segundo llamado en este caso.

El otro proceso, en cambio, es sobre una denuncia del Ministerio de Gobierno por el presunto delito de secuestro.

En este caso, también son investigados Vargas e Iza. Además de José Casiqueando, Carlos Sucuzhañay, Manuel Chugchilán. Luis Cushcagua y el sindicalista, Mesías Tatamuez.

La próxima semana están convocados para rendir su versión, algunos de los procesados:

• Manuel Chugchilán, lunes 6 de enero (10:00)
• Mesías tatamuez, martes 7 de enero (10:00)
• Luis Cushcagua, miércoles 8 de enero (10:00)

Iza y Vargas tampoco acudieron en el llamado a este caso. José Valenzuela, abogado de Iza, explicó que no puede considerarse que hayan incumplido dos llamados porque son casos diferentes.

Tampoco se ha fijado aún fecha para el segundo llamado por el caso de secuestro. Pero, el abogado indicó que no han definido si asistirán a esa convocatoria.

Según la norma, de incumplirse un segundo llamado, para el tercero los procesados deberán ser llevados por la fuerza pública para rendir su versión.

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