Los líderes sociales son señalados por el Gobierno por la retención de 10 policías, durante las jornadas del paro de octubre. Los uniformados declararán esta semana.
Entre el 23 de diciembre de 2019 y el 8 de enero de 2020, seis dirigentes indígenas y un sindicalista deberán rendir su versión libre, voluntaria y sin juramento en la Fiscalía por presunto secuestro.
Los líderes sociales fueron denunciados por el Ministerio de Gobierno. Y la Fiscalía abrió en su contra una indagación previa. Se trata de:
- José Agustín Casiqueando Reinoso, presidente de la Confederación del Pueblo Kayambi.
- Segundo Leonidas Iza Salazar, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi.
- Froilán Jaime Vargas Vargas, presidente de la Conaie.
- Carlos Francisco Sucuzhañay Sacta, presidente de la Ecuarunari.
- Manuel Serafín Chugchilán Caiza, expresidente de la Feine.
- Manuel Mesías Tatamuez Moreno, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT).
- Luis Alfonso Morales Cushcagua, presidente de la Unorcac.
La Fiscalía estableció el siguiente cronograma de versiones:
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), los investigados rendirán su versión libre de los hechos. No les podrán obligar a hacerlo. Y pueden tener el acompañamiento de un defensor público o privado. Además, el fiscal a cargo del caso podrá pedir la ampliación de esas versiones.
Las diligencias fiscales por el supuesto secuestro empezarán esta semana. Hoy, lunes 16 de diciembre a las 15:00, rendirá la primera versión Édison Castro, uno de los policías que fue retenido.
El martes 17 de diciembre, en cambio, acudirán a la Fiscalía los agentes Carlos Haro y Emilio Gonzalez, también involucrados como víctimas.
Además, dentro del proceso el Ministerio Público ha solicitado a varios medios de comunicación la grabación de lo que ocurrió el 10 de octubre, en el Ágora de la Casa de la Cultura, en Quito.
Así mismo, en cadena de custodia están un informe jurídico de la Policía Nacional y las evidencias encontradas en la inspección técnica.
Los hechos y la denuncia
El 10 de octubre, en medio de las protestas contra las medidas económicas del Gobierno, los indígenas se ubicaron el Ágora de la Casa de la Cultura y la usaron cómo refugio.
En la mañana, los manifestantes retuvieron a ocho uniformados. Siete hombres y una mujer. Ellos formaban parte de una patrulla que recorría el sector aledaño a la Universidad Católica.
Cuatro horas después, el mismo día, los indígenas identificaron a dos agentes de inteligencia y también fueron retenidos.
El motivo de la retención, según los indígenas, fue que en las manifestaciones del día anterior hubo tres fallecidos. Y reclamaban la entrega de sus cuerpos a cambio de los oficiales retenidos.
Luego de varias horas, cerca de las 19:45 de ese jueves, los policías fueron entregados a mediadores de Amnistía Internacional y de Naciones Unidas.
El mismo día, la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno interpusieron una denuncia por secuestro a la Fiscalía.
En el documento se solicitó como “acto urgente” que se emitan las órdenes de detención en contra de los denunciados y las órdenes de allanamiento a la Casa de la Cultura, para “salvaguardar la integridad física y su vida de los servidores policiales y demás personas que se encuentren en calidad de detenidos” (sic.).
Pero la Fiscalía abrió una indagación previa, que ahora sigue su curso con la convocatoria para rendir versiones.
El segundo proceso
El caso por presunto secuestro no es el único en el que los dirigentes indígenas están vinculados por la movilización de octubre.
El activista Marcelo Hallo denunció a Jaime Vargas, Leonidas Iza y Rafael Pandam por los delitos de instigación al sabotaje y terrorismo, durante la movilización.
En ese proceso, los dirigentes también fueron convocados para rendir su versión libre, voluntaria y sin juramento, pero a finales de noviembre.
Ninguno asistió a esas diligencias. Sin embargo, las investigaciones continúan.
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