El 10 de octubre, el Ministerio de Gobierno planteó una denuncia en contra de siete dirigentes indígenas y sindicalistas ante la Fiscalía, por la retención de 10 policías. Algunos de ellos están en la mesa de diálogo que revisa el subsidio a los combustibles.
Al día siguiente del inicio de la marcha indígena en Quito, el 10 de octubre de 2019, una decena de policías fueron retenidos por los manifestantes en el Ágora de la Casa de la Cultura, al igual que casi una treintena de periodistas.
Fue la reacción del movimiento indígena ante la represión policial de la noche del 9 de octubre, que incluso alcanzó a los albergues de las universidades Salesiana y Católica.
Y las autoridades tampoco tardaron en responder. El mismo día de la retención, los abogados de la Policía Nacional y del ministerio de Gobierno interpusieron una denuncia por secuestro ante la Fiscalía.
En el documento se menciona a siete dirigentes indígenas y sindicales que lideraron las manifestaciones y el evento en el Ágora:
- Leonidas Iza, Movimiento Indígena de Cotopaxi
- Jaime Vargas, Conaie
- Agustin Caisqueando, pueblo Kayambi
- Carlos Sucuzhañay, Ecuarunari
- Manuel Chugchilán, Feine
- Luis Morales, Fenocin
- Mesías Tatamuez, Frente Unitario de Trabajadores
En el documento se solicitó como “acto urgente” que se emitan las órdenes de detención en contra de los denunciados y las órdenes de allanamiento a la Casa de la Cultura, para “salvaguardar la integridad física y su vida de los servidores policiales y demás personas que se encuentren en calidad de detenidos” (sic.).
Sin embargo, eso no llegó a suceder. El discurso del Ejecutivo cambió de tono, pero se limitó a exigir la liberación de todos, a través de una cadena nacional, para empezar un diálogo sobre las medidas económicas.
Horas después, tras recibir el cuerpo del dirigente indígena Inocencio Tucumbi, fallecido la noche anterior en medio de las protestas, los manifestantes dejaron salir a los miembros de la prensa. Poco después, liberaron a los policías en manos de funcionarios de las Naciones Unidas, que intervinieron como mediadores.
Actualmente, varios de esos dirigentes se encuentran como delegados del movimiento indígena en la mesa de diálogo entablada con el Ejecutivo para redactar el nuevo decreto que reemplazará al 883.
Sin embargo, según la ministra María Paula Romo, en el país hubo 202 secuestros de policías durante las manifestaciones. Además, en entrevista con El Comercio, advirtió que el gobierno “pondrá muchas denuncias por distintos delitos” cometidos durante las protestas.
El movimiento indígena liberó a las 19:00 a 10 policías retenidos desde las 08:00 en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Cortesía
Las investigaciones de dirigentes en provincias
Los dirigentes indígenas y otros provinciales, que encabezaron las movilizaciones, también están en la mira de las autoridades. Hay diversos sectores y nombres que están en la lista de presuntos responsables de la paralización, especialmente en las seis provincias de la Sierra, donde la paralización fue más intensa.
Puede observar los detalles en el siguiente vídeo:
Nuevo llamado a movilizaciones
Los dirigentes de los sindicatos, llamaron a la ciudadanía a continuar con las manifestaciones en todas las provincias. Y convocaron a una movilización nacional para el próximo 30 de octubre.
Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), dijo que “el Gobierno no quiere paz, quiere movilizaciones”. Y criticó el hecho de que el diálogo con los trabajadores se haya separado y postergado.
El gobierno respondió enseguida. El secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, dijo que ese anuncio refleja que no existe voluntad de diálogo y como consecuencia de ellos se suspenden las conversaciones con los sindicatos.
Los dirigentes del sindicalismo llamaron a una movilización nacional el 30 de octubre de 2019. Primicias
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