Analistas consultados por PRIMICIAS critican que no se respeten los puntos originales del acuerdo entre el movimiento indígena y el gobierno, que puso fin a una paralización de 11 días y establecía la redacción de un nuevo Decreto Ejecutivo para la racionalización y focalización de los subsidios al diésel y la gasolina extra.
Los puntos del acuerdo del domingo 13 de octubre entre indígenas y gobierno estaban claros.
Pero ahora, los dirigentes indígenas quieren incorporar nuevos aspectos: piden que “no se criminalice la protesta social”, que se sumen nuevos gremios a la mesa técnica e insisten en la renuncia de los ministros de Gobierno y Defensa Nacional.
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana y Naciones Unidas, que son los mediadores del diálogo, señalaron que el acuerdo establece la eliminación del Decreto 883, punto que ya fue concretado; y la elaboración de un nuevo decreto que permita una política de subsidios, con criterios de “racionalización, focalización y sectorización”.
El acuerdo no contemplaba que se incorporen nuevos temas en el diálogo entre indígenas y gobierno. Incluso, el asesor de los indígenas, Pablo Dávalos, señaló que Naciones Unidas les recordó los puntos suscritos en el mismo.
Los indígenas dicen que quieren incorporar condiciones para avanzar “en un ambiente de confianza” en la mesa de diálogo con el gobierno.
El presidente el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, Leonidas Iza, detalló otros pedidos:
- La liberación de 12 indígenas que fueron retenidos por el supuesto delito de sabotaje y terrorismo.
- El esclarecimiento de las circunstancias en que indígenas murieron o resultaron heridos durante los 11 días de manifestaciones.
- La renuncia de los ministros de Defensa Nacional y de Gobierno, Oswaldo Jarrín y María Paula Romo, respectivamente.
- Que a la mesa de diálogo se incorporen nuevos actores, como los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT).
Según Iza, eso ayudará a la construcción de un nuevo decreto en un “ambiente de paz” porque existen dirigentes, como el presidente del Consejo de Pueblos y Organizaciones de Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), Eustaquio Tuala, que deben participar pero no puede porque tiene un proceso judicial abierto.
Iza dijo que él también tiene un proceso judicial en su contra y que planteará que el presidente de la Conaie, Jaime Vargas, lo reemplace en el proceso de diálogo.
“Yo me encargaré del proceso para liberar a mis compañeros”, dijo Iza.
Respeto a los acuerdos
PRIMICIAS habló con dos analistas económicos sobre los planteamientos de los indígenas.
El exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, afirmó que no deberían incorporarse nuevos temas dentro del acuerdo original entre indígenas y gobierno.
“Para la población quedó bastante claro que el acuerdo consistía en derogar el decreto 883 y sacar uno nuevo, con compensaciones. La expectativa ciudadana es que el diálogo sea solamente para el tema puntual de la sustitución del decreto”, dice Ortiz.
Ortiz opina que no es bueno que se incorporen más temas a la agenda original de la mesa de diálogo, “eso debería terminar con el nuevo decreto, si hubiera alguno, darle la vuelta a la página y el gobierno tratar de gobernar con las herramientas que tenga a su alcance”.
El que haya diálogo con los grupos afectados es positivo, agrega Ortiz, pero de ahí a poner condiciones sí hay un problema”.
Mientras que el analista económico, Esteban Albornoz, lamentó que el movimiento indígena no respete los acuerdos. “Tenemos un gobierno débil que no tiene otra salida que aceptar estas cosas”, cuestionó.
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