La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó el martes 13 de noviembre de 2019 su 174 período de sesiones con un llamado a prestar atención a las "extremas desigualdades" y poner en práctica políticas de inclusión, como receta contra la ola de protestas que sacude la región.
En un acto de clausura que conmemoraba el 60 aniversario de la creación de la Comisión, el ministro ecuatoriano de Exteriores, José Valencia, hizo una reflexión sobre el pasado de la comisión y de los retos que aun tiene por delante.
"Los cambios que hemos podido experimentar estos últimos años son sustanciales y fundamentales", dijo al hablar de la globalización y de la creciente cercanía entre los pueblos en todas las facetas, tanto "comerciales" como los nexos de carácter "humano y social".
Una democracia que solo puede ser fortalecida a través de "la consolidación institucional", "una mayor protección de comunidades discriminadas", y la resolución de las desigualdades, según la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño.
"Nuestros pueblos están reclamando mayores niveles de inclusión, de igualdad real (...) un acceso igual a todos los derechos con respuestas para lograr una equitativa distribución de la riqueza", manifestó la jurista panameña en un acto en la Cancillería ecuatoriana.
Y abundó que "las extremas desigualdades son el eje central de las demandas sociales que en estos últimos meses se han protagonizado en el continente".
Unas desigualdades que han sido abordadas en las sesiones celebradas en Quito estos dos últimos días, en la que era la primera vez que Ecuador acogía este tipo de convocatoria.
Ello ha sido posible gracias al acercamiento del actual presidente, Lenín Moreno, a la Organización de Estados Americanos (OEA) después de una década en la que su país se había mantenido al margen de ese organismo y de sus agencias dependientes.
Arosemena equiparó entre "democracia" y "derechos humanos" y afirmó que "la comisión ha señalado que el principio de igualdad y no discriminación es pilar fundamental para cualquier sistema democrático".
Por ello pidió revertir los procesos de marginación y entender que las protestas de los últimos meses es una reclamación de esos derechos, por lo que "los estados tienen el deber de permitir el desarrollo de las protestas así como aislar de estos grupos a los que recurren a la violencia".
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