El informe de la investigación de la Comisión de la Asamblea sobre el caso María Belén Bernal concluyó que hay que iniciar un juicio político contra Patricio Carrillo, Diego Ordóñez y Paola Flores.
La Comisión ocasional para el caso María Belén Bernal aprobó, la noche de este 31 de octubre de 2022, su informe de investigación sobre este femicidio. El documento llegó a la conclusión de que en el crimen hay una responsabilidad estatal por falta de debida diligencia de instituciones públicas.
El informe de la comisión hizo una línea del tiempo detallada de todas las acciones estatales desde que Bernal llegó a la Escuela Superior de Policía, el 11 de septiembre de 2022. Ese es el último punto en el que se vio a la mujer con vida.
A partir de esa reconstrucción, la Comisión determinó que hubo un incumplimiento del Estado. El informe asegura que los órganos y agentes estatales en este caso “mantuvieron comportamientos que pueden resultar contrarios a sus obligaciones internacionales, y por lo tanto a sus obligaciones internas”.
El informe dice que el crimen contra la mujer es un “acto ilícito que puede ser atribuible al Estado ecuatoriano” y que esto podría ser una violación del derecho internacional.
La comisión llega a esta conclusión con base en la aseveración de que cadetes y miembros de la Policía no ayudaron a Bernal cuando ella pedía auxilio frente al ataque de su esposo, Germán Cáceres.
Además aseguran que hubo complicidad de la Policía, pues ninguno de los uniformados habló sobre lo sucedido la noche del 11 de septiembre.
Las responsabilidades
El documento además hace duras críticas al secretario de Seguridad, Diego Ordóñez. Una de ellas, por ejemplo, se centra en que el funcionario habló de “cuerpo” cuando aún no se confirmaba la muerte de Bernal.
Según el informe, existe responsabilidad estatal y se configuran elementos de responsabilidad internacional en tres puntos: violación del derecho internacional, imputabilidad de la violación al Estado y existencia de daño moral y material a la madre e hijo de Bernal. El principal responsable de esto, según la Comisión, es el presidente Guillermo Lasso.
Y determinó que hay responsabilidades políticas sobre el femicidio de los siguientes funcionarios:
- El presidente Guillermo Lasso.
- El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez.
- El exministro del Interior, Patricio Carrillo.
- El comandante general de la Policía, Fausto Salinas.
- La fiscal general, Diana Salazar.
- La secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores.
Además sugiere al Pleno que designe a un asambleísta para que inicie una solicitud de juicio político contra Ordóñez, Carrillo y Flores.
Y el informe deberá pasar al Pleno de la Asamblea en los próximos días.
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