El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, forma parte del grupo de 13 integrantes principales del Comité Evaluador de la Corte Nacional de Justicia. También lo integran otras figuras conocidas como la exfiscal general del Estado, Mariana Yépez y los exdiputados Vladimiro Álvarez, Víctor Granda y Antonio Rodríguez. El Comité Evaluador tiene ocho suplentes.
Esta es la segunda ocasión en que Ramiro García integra una comisión encargada de evaluar a los candidatos a un organismo público. Antes fue parte del Comité de Selección de la actual Corte Constitucional.
La ocasión anterior fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (CPCCS-T). Esta vez, por el pleno del Consejo de la Judicatura, junto con otros 12 profesionales del derecho que serán titulares del Comité.
Condiciones de la evaluación
- La Evaluación a la Corte comprenderá criterios cualitativos y cuantitativos, los cuales serán evaluados sobre 100 puntos.
- En caso de que los servidores judiciales no alcancen el 80% de la evaluación serán removidos.
Una ex fiscal y tres diputados de la “vieja guardia”, en el Comité
- Otro personaje conocido por su trayectoria es Mariana Yépez, quien ejerció el cargo de fiscal general del Estado, entre 1999 y 2005.
- Vladimiro Álvarez Grau ha sido ministro de Trabajo, Educación, Gobierno (en dos ocasiones), candidato a la Presidencia de la República y diputado por el extinto partido Democracia Popular.
- Antonio Rodríguez fue dos veces diputado por la Izquierda Democrática (ID) y de 1980 a 1981 ejerció la Vicepresidencia del Congreso Nacional. En 1997 se desafilió del partido político por el que llegó a tan altas dignidades.
- Víctor Granda, militante de toda la vida del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), que en 1988 lo postuló como candidato a diputado nacional, cargo que desempeñó por cuatro años. También fue abogado de la familia de la exministra de Defensa Guadalupe Larriva fallecida en un accidente de helicóptero el 24 de enero de 2007.
La Corte pone reparos a la evaluación
La Corte puso reparos a la evaluación, entre otros aspectos argumenta que “ningún organismo del Estado puede examinar la validez, idoneidad y corrección de las sentencias judiciales del órgano de cierre como es la Corte Nacional de Justicia”.
El 11 de julio emitió un comunicado en defensa de la independencia judicial:
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