El correísmo suma dos meses de fracasos en el intento de recuperar la operatividad de Revolución Ciudadana
El movimiento correísta Revolución Ciudadana no ha logrado recuperar la personería jurídica y tampoco incidir para revertir el adelanto de la elecciones seccionales resuelto por el Consejo Nacional Electoral.
Gabriel Rivera, abogado de Revolución Ciudadana, el 8 de abril de 2026. El jurista ha presentado una serie de escritos ante el TCE, pero ninguno ha tenido una respuesta favorable.
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El movimiento Revolución Ciudadana (RC) se acerca al segundo mes de suspensión, lo que ha complicado su participación en las elecciones seccionales del 29 de noviembre, pero también su operatividad como organización política.
A inicios de marzo, la Fiscalía General del Estado informó al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) del inició de una investigación al correísmo por el supuesto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos.
Esto, por el presunto ingreso de dinero ilícito, en efectivo, proveniente de Venezuela para financiar la campaña presidencial del binomio Luisa González- Andrés Arauz en las elecciones anticipadas del 2023.
El oficio vino acompañado de un pedido de suspensión -por nueve meses- mientras la Fiscalía investiga el caso al que ha denominado Caja Chica. El juez Joaquín Viteri, lo concedió de inmediato, el 6 de marzo de 2026.
Pulso correísmo vs. TCE
Desde entonces, el correísmo ha intentado por varios medios recuperar su personería jurídica e incidir en el proceso electoral que se acerca, pero la falta de "legitimidad" de sus representantes o del movimiento se han convertido en un obstáculo.
El primer revés lo tuvo el 10 de marzo, cuando el juez Joaquín Viteri Llanga inadmitió un pedido de anular la suspensión, que fue ingresado por Gabriela Rivadeneira, quien -a mediados de enero- fue elegida presidenta nacional del movimiento.
La negativa se produjo porque Rivadeneira presentó el recurso como presidenta del correísmo, pero el TCE constató que no constaba como tal en los registros electorales, por lo que la inadmisión se sostuvo en la "falta de legitimación activa".
Recién el 11 de marzo el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) registró a la nueva directiva del correísmo.
Ya con su presidencia reconocida, Rivadeneira apuntó a cuestionar la idoneidad de Viteri recusando al juez electoral, pero en dos ocasiones ese reclamo ha sido inadmitido.
El 8 de abril, el abogado del correísmo, Gabriel Rivera, ingresó un nuevo pedido para dejar sin efecto la suspensión. El argumento en esa ocasión era que no fue el Fiscal General del Estado el que pidió la medida, tal como establece la ley.
En menos de 24 horas, el TCE resolvió esta solicitud enviado al correísmo el oficio que fue remitido por el fiscal, Carlos Alarcón, en el que solicitó que se suspenda la personería jurídica de Revolución Ciudadana.
Sin posibilidad de reclamar adelanto de elecciones
Recuperar la personería jurídica no ha sido la única 'pelea' en la que se ha enfrascado el correísmo desde que el TCE y el CNE ejecutaron la suspensión de la organización política.
El 27 de marzo, el CNE tomó la decisión de adelantar las elecciones de alcaldes, prefectos, concejales y juntas parroquiales, y cambiar la fecha del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026.
La resolución se basó en un oficio de la Secretaría de Gestión de Riesgos que habla de la posibilidad de que para el último trimestre de 2026, pero especialmente en los primeros meses de 2027, Ecuador se vea afectado por el fenómeno El Niño.
El correísmo, sin embargo, sospecha que el adelanto de 77 días de los comicios esconde la intención de dificultar aún más las candidaturas de la Revolución Ciudadana para las elecciones seccionales.
Para impedir la modificación del calendario electoral, RC presentó un recurso subjetivo para echar por tierra el adelanto de las seccionales dispuesto por el CNE.
El caso fue inadmitido por una sola razón: "carece de personería jurídica necesaria para actuar formalmente ante los organismos electorales, a partir de la fecha de su inhabilitación".
Es decir, se encuentra bajo una restricción jurídica que limita su capacidad de ejercicio procesal, según el auto del juez Viterí. Eso, luego fue ratificado por el pleno del TCE.
Con eso antecedentes, Gabriela Rivadeneira intentó nuevamente, esta vez, presentando una acción de queja contra el juez Viteri -que lleva la mayoría de causas del correísmo- pero el reclamo tampoco prosperó y fue inadmitido. Ese ha sido el último intento desde el 13 de abril.
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