El consejo ampliado de la Conaie explicó las razones del movimiento indígena para votar No en las 11 preguntas.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se posicionó en contra del referéndum y consulta popular convocado por el Gobierno del presidente Daniel Noboa para el 21 de abril sobre reformas en materia de seguridad, justicia y empleo.
Tras una larga reunión del consejo ampliado, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, confirmó que el movimiento indígena hará campaña por el 'No' a las 11 preguntas de la consulta popular, de las que cinco implican reformas a la Constitución y las otras seis conllevan cambios legislativos.
La Conaie, que agrupa a una quincena de nacionalidades indígenas de Ecuador, es la organización social más grande del país. En 2019 y en 2022, el movimiento encabezó fuertes protestas contra las políticas económicas de los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), respectivamente.
En un pronunciamiento público, Iza aseveró que la consulta planteada por Noboa "no resuelve los problemas de los ecuatorianos" y "está siendo utilizada como una artimaña política para llevar a cabo una campaña electoral adelantada". La intención del mandatario es presentarse a la reelección en las elecciones generales de 2025.
"Rechazamos rotundamente la intención de utilizar esta consulta popular para incorporar el contrato por horas, pues significa una regresión de derechos y una precarización laboral. También busca reconocer los tribunales de arbitraje internacional que presentan un grave riesgo para la seguridad y la soberanía jurídica del Estado ecuatoriano", dijo Iza.
"Rechazamos el modelo neoliberal implantado por el FMI (Fondo Monetario Internacional) y ejecutado por el Gobierno de la derecha de Daniel Noboa. Impone políticas de ajuste económico, aumento del IVA, eliminación de subsidios, privatizaciones y reforma laboral, que busca descargar esta crisis en las espaldas de los más pobres", añadió.
La Conaie también manifestó su oposición al plan de Noboa de focalizar los subsidios a los combustibles, que en 2023 costaron unos USD 3.200 millones. Según Iza, esto "afectará a los más pobres y a las pequeñas y medianas empresas (pymes)" porque "profundizará la pobreza e incrementará los productos de primera necesidad".
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