Conaie hará campaña por el No en la Consulta Popular

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se posicionó en contra del referéndum y consulta popular convocado por el Gobierno del presidente Daniel Noboa para el 21 de abril sobre reformas en materia de seguridad, justicia y empleo.

Tras una larga reunión del consejo ampliado, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, confirmó que el movimiento indígena hará campaña por el 'No' a las 11 preguntas de la consulta popular, de las que cinco implican reformas a la Constitución y las otras seis conllevan cambios legislativos.

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La Conaie, que agrupa a una quincena de nacionalidades indígenas de Ecuador, es la organización social más grande del país. En 2019 y en 2022, el movimiento encabezó fuertes protestas contra las políticas económicas de los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), respectivamente.

En un pronunciamiento público, Iza aseveró que la consulta planteada por Noboa "no resuelve los problemas de los ecuatorianos" y "está siendo utilizada como una artimaña política para llevar a cabo una campaña electoral adelantada". La intención del mandatario es presentarse a la reelección en las elecciones generales de 2025.

"Rechazamos rotundamente la intención de utilizar esta consulta popular para incorporar el contrato por horas, pues significa una regresión de derechos y una precarización laboral. También busca reconocer los tribunales de arbitraje internacional que presentan un grave riesgo para la seguridad y la soberanía jurídica del Estado ecuatoriano", dijo Iza.

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"Rechazamos el modelo neoliberal implantado por el FMI (Fondo Monetario Internacional) y ejecutado por el Gobierno de la derecha de Daniel Noboa. Impone políticas de ajuste económico, aumento del IVA, eliminación de subsidios, privatizaciones y reforma laboral, que busca descargar esta crisis en las espaldas de los más pobres", añadió.

La Conaie también manifestó su oposición al plan de Noboa de focalizar los subsidios a los combustibles, que en 2023 costaron unos USD 3.200 millones. Según Iza, esto "afectará a los más pobres y a las pequeñas y medianas empresas (pymes)" porque "profundizará la pobreza e incrementará los productos de primera necesidad".