El Consejo de Participación sigue postergando la aprobación del reglamento con las normas para el concurso. Los requisitos para la nueva autoridad son ser mayor de 18 años y estar en goce de sus derechos políticos.
Los tiempos del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) son lentos. El organismo tenía previsto aprobar la tarde de este 16 de julio de 2021 el Reglamento para la selección de un nuevo titular de la Contraloría General del Estado, lo que marcaría oficialmente inicio del proceso de reemplazo de Pablo Celi.
Pero la sesión fue suspendida por “temas administrativos”, a pesar de la presencia de los siete consejeros. No se estableció una fecha para su reinstalación.
La suspensión vuelve a retrasar el inicio del concurso para la designación del contralor, a pesar de que el borrador del reglamento está listo desde hace más de dos semanas.
Todo el concurso puede llegar a durar hasta unos seis meses, según han anunciado los vocales del CPCCS. De la aprobación del reglamento depende el desembolso de los recursos, que serían más de USD 200.000.
Este dinero se destinará, principalmente, para pagar a los miembros de la comisión ciudadana de selección, que llevará a cabo el concurso; también para el pago de los catedráticos que desarrollan el banco de preguntas de la prueba escrita.
La persona que finalmente sea seleccionada en el concurso deberá cumplir con los requisitos, que son mínimos, pues no están especificados ni en la Constitución ni en la Ley de la Contraloría. Estos son:
- Ser ecuatoriano mayor de 18 años.
- Estar en goce de sus derechos políticos.
Méritos y oposición
El borrador del reglamento difundido por el CPCCS no muestra mayor diferencia del que se aplicó en 2016 para la misma designación, aunque sí añade dos fases en la oposición (antes era solo una prueba, y el Consejo Transitorio estableció una segunda parte, con exposiciones orales).
Para designar al nuevo contralor, el primer paso es crear una comisión ciudadana de selección, que tendrá un número de miembros que no está determinado en el reglamento (en anteriores concursos han sido cinco o siete). Estos comisionados se encargan de ejecutar todas las fases del concurso.
Una vez abierto el proceso y recibidas las postulaciones de los candidatos, deberán verificar que cumplan los requisitos y no caigan en las prohibiciones. Entre estas últimas está, por ejemplo, tener bienes en paraísos fiscales o ser contratista del Estado.
Después, la comisión ciudadana deberá calificar los méritos sobre 50 puntos, de acuerdo a la formación académica, capacitación, experiencia y otros méritos como premios, investigaciones e idiomas.
Estos son los puntajes de acuerdo al borrador de reglamento:
La fase de oposición también sería sobre 50 puntos y constará de dos fases. La prueba (30 puntos) y la evaluación práctica (20 puntos).
El banco de preguntas será elaborado por un grupo de catedráticos, distribuido así:
- 30% sobre Auditoría.
- 30% sobre Derecho.
- 20% sobre administración y gestión pública
- 10% sobre Economía y Finanzas.
- 10% sobre ética pública y conocimientos generales.
Cada postulante recibirá una prueba con 50 preguntas escogidas de forma aleatoria de dicho banco, compuesto por 2.000 preguntas.
En cuanto a la evaluación práctica, los catedráticos redactarán casos que serán sorteados a los postulantes. El candidato deberá exponer sobre un informe de auditoría, cómo se determina una glosa, cómo se levantan predeterminaciones, y "en general temas relacionados con el ámbito y
competencias de la Contraloría General del Estado".
Los parámetros de evaluación son tres:
- Conocimientos, habilidades y destrezas para la presentación descriptiva del caso.
- Capacidad de análisis e introducción del caso por parte del postulante.
- Aplicación de técnicas de expresión oral y lenguaje corporal de cada postulante.
La calificación estará a cargo de la comisión ciudadana de selección.
Impugnación y veeduría
Durante todo el concurso, los participantes o cualquier otra persona puede presentar impugnaciones. Estas pueden aplicar desde la revisión de requisitos y prohibiciones, hasta las calificaciones de méritos y oposición.
En este caso, las impugnaciones entran un proceso que incluye una audiencia pública para que la comisión ciudadana de selección pueda resolver.
Los postulantes también pueden presentar solicitudes de recalificación.
El concurso también contará con una veeduría ciudadana, que debe alertar sobre cualquier irregularidad y redactar un informe final.
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