El Consejo de Participación se enfrenta a tres funciones del Estado

Las decisión de revisar la designación de la Corte Constitucional trajo respuestas desde varios frentes. La justicia ordenó la suspensión de la comisión que se encargaría de ese trabajo, mientras el Ejecutivo y el Legislativo apoyan un juicio político contra los consejeros que aprobaron la iniciativa.

El futuro del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) es cada vez más incierto. Los consejeros, que cumplen un mes en funciones este 13 de julio de 2019, tomaron una primera decisión polémica: la revisión de la designación de la Corte Constitucional. Eso, sin embargo, encendió las alertas en el Ejecutivo, el Legislativo, y el Judicial.

La institución funciona con una mayoría conformada por el cura José Carlos Tuárez, Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez. Su posición desde los primeros días de su posesión ha sido de abierta crítica a lo actuado por el Consejo de Participación Transitorio, dirigido por Julio César Trujillo. El Transitorio se encargó de evaluar y destituir a autoridades de control, relacionadas con el expresidente Rafael Correa.

Esta mayoría ha sido identificada como “correísta”, por sus críticas al Transitorio y el hecho de que el mismo Rafael Correa promocionó sus nombres. A esto se suma una denuncia en contra del excandidato presidencial Guillermo Lasso, a quien Tuárez calificó como un político “que ha hecho tanto daño al país”.

Ante este escenario, la decisión de revisar la designación de los nueve jueces de la Corte Constitucional fue el detonante. La Asamblea advirtió el inicio de un juicio político, que tiene el apoyo del Ejecutivo y el partido oficialista, mientras que la Justicia frenó la creación de una comisión a través de una medida cautelar.

De hecho, la revisión de lo actuado por el Transitorio ya había sido blindada por la misma Corte Constitucional. Mediante un dictamen, esa institución determinó que el nuevo Consejo de Participación no tenía facultades revisoras sobre lo actuado por el Transitorio en el marco de sus facultades extraordinarias: la evaluación de las autoridades, y la designación de sus reemplazos en el caso de ser cesados.

El Legislativo

El presidente de la Asamblea, César Litardo, advirtió al Consejo de Participación con un juicio político si revisan la designación de la Corte Constitucional. El cura Tuárez rechazó esas declaraciones y acusó al bloque de Creo de una “persecución política” en su contra.

Con la aprobación de dicha comisión, los legisladores advierten que se configuró ya la causal de incumplimiento de funciones. Los cuatro vocales de mayoría entonces podrían ser sujetos de un proceso de fiscalización de la Asamblea.

La censura de uno o varios de estos consejeros podría cambiar la configuración de fuerzas dentro del CPCCS.
El Ejecutivo

La ministra del Interior, María Paula Romo, también considera que la decisión del CPCCS es una causal de juicio político.

Para la ministra, sin embargo, estas actuaciones que están por fuera de sus facultades no tienen ninguna validez. Por tanto, en el caso de que el Consejo resolviera, por ejemplo, cesar a una autoridad nombrada por el Transitorio, eso no llegaría a ejecutarse nunca.
La Justicia

La jueza Irene Pérez aceptó un pedido de medidas cautelares, con lo que ordenó la suspensión de la comisión que revisaría la designación de la Corte Constitucional. La sentencia señala que esa resolución “evidencia la actual y eminente amenaza de los derechos constitucionales”.

En manos de la Fiscalía están cuatro denuncias en contra de cuatro miembros del Consejo que aprobaron la creación de dicha comisión.

Además, dos denuncias en contra de José Tuárez por uso de documentos falsos, por presuntamente haber falsificado certificados presentados para la calificación de su candidatura.

Las potestades que le quedan al CPCCS

Al Consejo de Participación no le queda mucho margen de acción. La negativa a revisar lo actuado por el Transitorio reduce su trabajo durante los cuatro años para los que fueron elegidos.

El Consejo Transitorio evaluó y nombró a los reemplazos de todas las autoridades de control excepto la Defensoría Pública y la Contraloría. El concurso para defensor público es una de las tareas pendientes de los consejeros.

La Contraloría, sin embargo, es un tema que también traerá debate. El Consejo Transitorio, antes de cerrar su período, resolvió ratificar a Pablo Celi como contralor hasta que se resuelva el rediseño de la institución en un Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, el Pleno del Consejo, con su mayoría, resolvió el 10 de julio de 2019 solicitar un informe al Departamento Jurídico de la institución sobre la subrogación en la Contraloría. Con esto, se busca aclarar si el Consejo de Participación puede o no nombrar a un nuevo contralor, en reemplazo de Celi.

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