La Contraloría cree que existen indicios de responsabilidad penal en un contrato firmado por la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, para implementar mejores prácticas comunicacionales entre los funcionarios de la institución. En la Fiscalía, el proceso se registra como un posible delito de tráfico de influencias.
Paola Pabón ya enfrenta un proceso de investigación de la Fiscalía por un supuesto delito de rebelión. Ella está bajo sospecha por intentar desestabilizar al Gobierno, durante el paro nacional, de octubre de 2019.
Ahora, la Contraloría cree que hay méritos para que se inicie otra investigación fiscal: esta vez, por la firma de un contrato por la funcionaria en septiembre de 2019, con la empresa DPC Diez Punto Comunicaciones Cia. Ltda.
El informe de la entidad de control con los indicios de responsabilidad penal ya está en la Fiscalía.
Pabón asegura que “se trata de un nuevo caso de persecución”. En el sistema de la Fiscalía se registra el caso como un posible delito de Tráfico de Influencias.
La consultoría
En contrato, en sí mismo no tiene mayor historia. Fue adjudicado el adjudicado el 23 de agosto de 2019 y suscrito el 4 de septiembre de 2019 con la empresa DPC Diez Punto Comunicaciones Cia. Ltda.
La prefectura pagó USD 84.000 por una consultoría para implementar mejores prácticas comunicacionales de los funcionarios del Gobierno Provincial de Pichincha y correcto uso de sus canales digitales a través de diagnóstico, manuales de uso y formación de habilidades en el campo de la comunicación.
La empresa tiene 90 días para ejecutar el contrato. Y recibió el 40% como anticipo.
La acción de control
La Contraloría interviene el 21 de octubre de 2019, cuando se emitió la orden de trabajo para un examen especial al contrato.
Al final encontró que:
- La Prefectura de Pichincha no emitió un informe válido, suscrito por la unidad de Talento Humano, que justifique la necesidad real de contratar la consultoría.
- El equipo de auditoría de la Contraloría no pudo evidenciar que el cronograma del proceso se haya llevado a cabo en las fechas establecidas para el “inicio evaluación”, “publicación de resultados finales de oferta técnica” y “apertura económica”.
- La Comisión técnica que evaluó la única oferta técnica no observó que la empresa no cumplió con los parámetros “Experiencia mínima del personal técnico clave” y “Equipos e instrumentos disponibles”, por lo que debió descalificarse, sin embargo, recomendó la adjudicación.
- La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, delegó obligaciones exclusivas de la máxima autoridad en los procesos de contratación pública y la ordenación de gasto de manera integral, sin límite de monto respecto al precio de las contrataciones.
- En el Portal de Compras Públicas se publicó los documentos relevantes de otro proceso de contratación, limitando la aplicación de los principios de legalidad, trato justo, igualdad, oportunidad, transparencia y participación nacional, que mejoren los costos y las condiciones técnicas del servicio requerido, en beneficio de la Prefectura.
Por eso envió el caso a la Fiscalía. Será esta entidad que de defina si existen los méritos suficientes para iniciar un proceso penal.
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