El correísmo ha moderado su discurso. El propio Rafael Correa felicitó a Guillermo Lasso y le ha pedido frenar lo que llama persecución política.
“El odio no construye”. “Vamos a discutir democráticamente”. “No queremos que se siga encarcelando a los ecuatorianos por su forma de pensar”. “Apelamos a un gesto de humanidad”.
Esas fueron algunas de las frases de Andrés Arauz, excandidato presidencial por el correísmo, en la única aparición pública desde su derrota electoral contra Guillermo Lasso (Creo).
Tras aceptar el triunfo de Lasso, el político convocó a la unidad. Si bien aclaró que serán oposición al nuevo gobierno, aprovechó para pedir por los que el correísmo denomina ‘perseguidos políticos’.
Es decir, se trata de los exfuncionarios del régimen de Rafael Correa que por líos judiciales, en su mayoría ligados a la corrupción, han huido del país o están presos.
Esa postura no fue solo de Arauz. El propio Correa, en su cuenta de Twitter, deseó suerte a Lasso y le pidió “que cese el lawfare (la judicialización de la política), que destruye vidas y familias”.
“La persecución política tiene que parar. No es sano para vivir en permanentes rencillas”, escribió también Carlos Rabascall, excandidato vicepresidencial y compañero de Arauz.
El discurso se moderó en relación con lo sostenido durante el gobierno de Moreno. De las amenazas de que la justicia nacional e internacional llegarían, ahora el correísmo pide discutir políticamente los problemas judiciales de sus principales figuras.
¿Quiénes son?
Dentro de los que el correísmo autodenomina ‘perseguidos’, hay varios nombres y realidades. Está, por ejemplo, el caso del exvicepresidente Jorge Glas. Uno de los dos altos dirigentes que está preso.
Sobre Glas pesan dos sentencias de última instancia. Una de seis años, por el caso Odebrecht; y otra de ocho años, por el caso Sobornos 2012-2016.
Pero, además, tiene un fallo más de ocho años, que aún es de primera instancia, por el caso Singue.
También tras las rejas está Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia de Correa. Cumple una sentencia de ocho años.
Además, está el grupo de los prófugos. A la cabeza está el propio expresidente Rafael Correa, con una sentencia de ocho años por cohecho. También están los exministros Fernando Alvarado, Walter Solís, María de los Ángeles Duarte y los exasambleístas Viviana Bonilla y Christian Viteri.
El tercer grupo es de aquellos que todavía tienen procesos en marcha. Ahí resalta Vinicio Alvarado, con varias investigaciones relacionadas con su gestión en la Secom. Está la actual prefecta de Pichincha, Paola Pabón, quien tiene un llamado a juicio por rebelión ligado a los actos de octubre de 2019.
Además, hay un grupo de políticos correísta que se autoexiliaron sin tener una razón evidente. Gabriela Rivadeneria, Soledad Buendía, Edwin Jarrín, Carlos Viteri Gualinga se fueron a México, luego del paro de 2019, pese a que no hay ninguna causa judicial en su contra.
Finalmente, hay políticos que son prófugos o están presos por supuestos actos de corrupción en el gobierno de Correa, pero que no son defendidos por la organización. Se trata del excontralor Carlos Pólit y los exministros Ramiro González y Carlos Pareja.
A continuación, la ubicación de los líderes y políticos correístas autodenominados ‘perseguidos’ políticos:
Los caminos
Los caminos para buscar la anulación o absolución de los supuestos casos de corrupción son distintos.
Por ejemplo, quienes aún son procesados, como la prefecta Pabón, y están en el país o fuera de él, deben presentarse ante la justicia y esperar el resultado de sus juicios.
Pero quienes ya tienen sentencia, en cambio, tienen tres caminos. Dos políticos y uno judicial.
- Recurso de revisión: Quienes tienen sentencias de última instancia, podría solicitar un recurso de revisión ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ), siempre que puedan presentar pruebas nuevas que aporten al caso.
- Amnistía: Esta figura puede ser concedida por la Asamblea Nacional, en caso de delitos declarados como políticos. Se requieren 91 votos.
- Indulto presidencial: Es una potestad del Presidente de la República. El requisito es que el sentenciado esté cumpliendo la pena. Es decir, no aplica para los prófugos.
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