La corrupción amenaza con diezmar los cuadros del correísmo

Con la consulta popular de 2018, se implementaron cambios legales a cuatro normas: la Constitución, el Código de la Democracia, la Ley de Servicio Público y el Código Orgánico Integral Penal. Estas reformas complican al correísmo.

El 73,1% de los ecuatorianos votó a favor de la inhabilitación política de los sentenciados por corrupción.

En resumen, desde el 14 de febrero de 2018, las personas que hayan sido sentenciadas por peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo.

Así como por lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada no pueden ser candidatos a cargos de elección popular, contratar con el Estado, ni desempeñar cargos públicos.

Por el momento, solo el exvicepresidente Jorge Glas está impedido. Él paga una condena de seis años por asociación ilícita en el caso Odebrecht.

Pero 'en capilla' están 14 exfuncionarios del correísmo, incluido Rafael Correa. Ellos corren el riesgo de que se declare su muerte civil, lo que limitaría las alternativas políticas de la revolución ciudadana de cara a los comicios de 2021.

Estado de las causas

La mayoría de los casos está en las primeras etapas del proceso, es decir, hay un riesgo reducido de que la prohibición electoral aplique para 2021.

Pero hay tres procesos específicos que están a puertas del juicio y que sí podrían afectar al proceso electoral venidero. Además, estos tres casos son en los que hay más exfuncionarios vinculados.

Asilados en México

Más allá de la corrupción, hay otros casos de cuadros del correísmo que también están en duda como opción electoral. En este grupo aparecen los ocho políticos que están asilados en México.

El primero en llegar ese país fue Ricardo Patiño. En su contra pesa una orden de prisión por el presunto delito de instigación. También está allá Carlos Ochoa, quien fue llamado a juicio por presunta falsificación de documento.

Aunque no tienen ningún caso penal en su contra, ni órdenes de prisión u otros procesos, también fueron a México en condición de asilados, los asambleístas Gabriela Rivadeneira, Luis Molina, Soledad Buendía y Carlos Viteri.

Y los cónyuges de los dos últimos: Edwin Jarrín y Tania Pauker.

En la lista de los correístas encausados por procesos que no se relacionan a la corrupción también aparecen la prefecta Paola Pabón y Virglio Hernández, quienes son parte de un proceso penal por rebelión. Ellos están en el país y portan grillete electrónico.

¿Candidatos pese a los procesos?

El Código de la Democracia no impide inscribir candidaturas de personas con procesos penales en su contra, ni tampoco para quienes tengan órdenes de prisión preventiva, estén prófugos o cumplan otras medidas cautelares.

En el caso de los prófugos, como Correa, Alvarado, Patiño y los demás asilados en México, podrían ser candidatos mientras no sean sentenciados por corrupción.

La Ley electoral indica que la inscripción de las candidaturas no es presencial ni personal, sino que puede ser hecha ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por los directores o representantes legales de los partidos.

Fausto Camacho, experto en normativa electoral, explica que según la legislación ecuatoriana estas personas podrían ser inscritas y luego hacer campañas desde el exterior o, incluso, desde la cárcel.

Sin embargo, en caso de ganar no podrían posesionarse y ejercer su cargo ya que bien podrían no ingresar al país o ser arrestados al llegar.

Pero, aclara Camacho, estos serían casos inéditos y al no haber antecedentes, de ocurrir, deberían resolverse en ese momento con un análisis pormenorizado de cada uno.