Acumulación de procesos en la Corte Nacional revive casos de larga data

Con sorpresa, el 15 de junio de 2020, Ecuador recibió la noticia de que el caso de peculado contra Jamil Mahuad, por el feriado bancario del 2000, regresaba a los tribunales.

Ese día, la Corte Nacional de Justicia tramitó el recurso de casación a la sentencia que ocho años atrás, es decir en 2012, se dictó en contra del expresidente.

Tanto ha tardado ese caso en llegar a su instancia final que, el procedimiento penal y el juzgamiento, se lo hace con base en el Código de Procedimiento Penal de 1983.

Los abogados de Mahuad han presentado todos los recursos posibles en el caso. Para muchos, como un intento de dilatar los procesos, para otros simplemente el derecho a la legítima defensa.

Pero no es el único caso de larga data que revivió en los últimos días. El 26 de junio de 2020, la misma Corte Nacional dio a conocer su decisión en la instancia de casación en el caso Quinsaloma.

El proceso se refiere a un triple asesinato ocurrido en 2011, en la provincia de Los Ríos, que involucra al exasambleísta Galo Lara.

El penalista Pablo Encalada dice que esto es común. Que más allá de los casos mediáticos, en la Corte Nacional todos los días se tramitan casos que llevan hasta una década en los tribunales.

En su despacho, recuerda con un poco de dificultad, tiene procesos de 2010 y 2011 que todavía no han terminado.

Las explicaciones, según los abogados, principales usuarios del sistema de justicia, son varias. Pero resaltan al menos tres:

• Todos los casos llegan a la Corte Nacional para el recurso de casación y solo hay 21 jueces.
• La Fiscalía habitualmente alarga las indagaciones previas hasta los dos años permitidos en la ley.
• Todos los casos deben pasar por las cortes provinciales para la apelación.

Los cuellos de botella

Según el abogado y docente Carlos Landazuri el represamiento de causas en la Corte Nacional no es nuevo, sino que ha sido una constante a lo largo de la historia.

Pero -aclara- esto se agudizó con la emisión de la Constitución de 2008. Hasta ese momento había 31 jueces en la CNJ y se redujeron a 21.

Esto conllevo a que los casos rebosen la capacidad operativa de los despachos de los magistrados y que la acumulación de casos sea incontrolable. Hasta 2018, según la Corte Nacional había 7.389 casos pendientes en esta entidad.

Desde el 24 de junio de 2020, PRIMICIAS pidió a la CNJ actualizar estas cifras. Pero no obtuvo una respuesta. Además, en el último año, los casos se han acumulado más.

Primero, varias audiencias tuvieron que suspenderse y alargarse por el paro de octubre de 2019. Y en 2020, las actividades judiciales tuvieron que pararse durante más de un mes por la pandemia del coronavirus.

A partir de junio, los casos se han retomado, pero sobre la marcha han tenido que solucionarse problemas como la plataforma tecnológica, debido a las restricciones de aglomeración de personas.

¿Jueces anticorrupción?

Durante el Gobierno de Lenín Moreno, varias denuncias de corrupción han llegado a la Corte Nacional y pocas han podido avanzar.

Casos como los de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, por el terremoto de 2016; el mal uso de los aviones presidenciales y el manejo de la deuda pública todavía no tienen sentencias, ni siquiera de primera instancia.

A estos casos, ahora se sumarán todos los que se han suscitado durante la emergencia por el coronavirus y que han desbordado el trabajo de la Fiscalía y la Contraloría.

Entre el 16 de marzo y el 17 de mayo, la Fiscalía recibió 141 denuncias de delitos relacionados a la corrupción. A raíz de estos casos, se creó una Fuerza de Tarea Especial para atender los procesos más importantes relacionados a la corrupción hospitalaria.

Ante este escenario, el Consejo de la Judicatura ha exhortado a la Asamblea para que se aprueba el proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial.

En este proyecto se plantea la creación de juzgados, tribunales y jueces especializados en corrupción.

Así esos casos serán tramitados de manera más expedita y se quitará carga procesal a los jueces penales, que son el segundo grupo con mayor cantidad de causas represadas.

Al momento la Comisión de Justicia de la Asamblea sigue trabajando en el informe para segundo debate de la norma. El 26 de junio de 2020, la Mesa Legislativa analizó las observaciones recogidas en el primer debate.

Se estableció que el 70% de los comentarios son de forma y mejoran el texto, 10% se trata de ideas nuevas o cambios sustanciales y el 20% son propuestas nuevas .