El juicio contra Mahuad se define luego de 20 años de idas y vueltas

El 13 de junio de 2020 se cumplieron 20 años desde que el entonces Congreso Nacional empezó el procesamiento penal del expresidente Jamil Mahuad, acusado de peculado por el congelamiento bancario durante la crisis de 1999.

A los 20 años y dos días, en una de las salas del mezzanine de la CNJ, se instaló la última audiencia del caso penal que ha durado 20 años y ha tenido innumerables idas y vueltas.

Según la teoría de la Fiscalía, Mahuad, como presidente de la República, tiene responsabilidad penal por la crisis bancaria debido a dos decretos que firmó en su administración.

• Decreto Ejecutivo No. 681 del 9 de marzo de 1999, donde declaró estado de emergencia nacional.
• Decreto Ejecutivo No. 685 del 11 de marzo de 1999, donde ordenó el congelamiento de los depósitos, conocido como feriado bancario.

Durante el juicio, que se desarrolló en mayo de 2013, la Fiscalía aseguró que se demostró la conexión entre Mahuad y los representantes de la banca privada a quienes protegió con el decreto 685.

Además, en el juzgamiento se calculó que el costo de la crisis financiera (con datos al 21 de diciembre de 2005), ascendía a USD 6.515 millones.

Mahuad busca la nulidad

En la audiencia de casación, la defensa de Mahuad intentó demostrar que en el juicio se violó el debido proceso y los derechos constitucionales del expresidente, por presiones políticas del gobierno de Rafael Correa.

La audiencia se realizó con un procedimiento penal que ya no está vigente. Esto porque a la fecha del inicio del caso, en junio del año 2000, estaba vigente el Código de Procedimiento Penal de 1983.

Si bien la casación de esa norma y la del actual Código Orgánico Integral Penal (COIP) es la misma, es decir, la búsqueda de errores en las sentencia para que esta sea anulada; el proceso es otro.

En el Código de 1983 existían las llamadas audiencias de estrados. En estas diligencias, los jueces de la causa recibían a las partes para que hicieran un resumen del caso y argumentaran el pedido de casación.

A diferencia de lo que ocurre con la norma actual, en las audiencias de estrados las decisiones no se dan a conocer de inmediato. Los jueces tienen un tiempo no determinado para deliberar y notifican su resolución por escrito.

Mahuad y su abogados buscan que la sentencia de ocho años que pesa en su contra quede sin efecto.

La defensa del expresidente señaló que el decreto por el que se le responsabiliza penalmente de la crisis fue una medida de Gobierno, similar a la que se aplicó en varios países de la región en esa época.

Según los abogados el caso cedió ante presiones políticas. En 2006 se había dictado sobreseimiento provisional a favor de Mahuad (ver línea de tiempo), pero en el gobierno de Correa el caso se reabrió hasta llegar a la sentencia.

Ahora, la defensa de Mahuad y el país aguardan por la sentencia definitiva.

Sin embargo, aunque los jueces ratifiquen los ocho años de cárcel dispuestos en la segunda instancia, es una incógnita si Mahuad los pagará ya que ha vivido desde el año 2000 en Estados Unidos y la Interpol ha negado varias veces los pedidos de captura.

En caso de que la casación sea negada, la defensa de Mahuad solo tendrá disponible un recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional, aunque esa instancia no interrumpe la ejecución de la sentencia.

La cronología del caso

PRIMICIAS le presenta los hechos más trascendentales en el caso Mahuad, entre el 13 de junio del 2000 y el 15 de junio de 2020.

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